Mauricio Maronna
El juez federal Gabriel Cavallo dispuso en las últimas horas intensificar la tarea de investigación por el presunto pago de coimas a senadores durante el trámite de la reforma laboral. La Capital accedió a un documento reservado enviado por el magistrado a la Policía Federal y luego distribuido a varios colegios notariales del país. La actuación que se instruye está caratulada como "Diligencia judicial actuaciones complementarias causa 9.900/00, Ortega Ramón s/cohecho".
Pese a que la Cámara Federal había dictado, el 20 de julio pasado, la falta de mérito de los legisladores sospechados, Cavallo se decidió a profundizar las pesquisas en busca de nuevas pruebas que modifiquen la situación de los senadores, aunque dejando al margen a Fernando de Santibañes y Alberto Flamarique, quienes también estuvieron sospechados de haber participado en la trama del escándalo.
El magistrado, interinamente a cargo del Juzgado Federal Nº3, solicitó informes a los escribanos acerca de "operaciones efectuadas durante el 2000 por los imputados descriptos en el informe que se adjunta, sus familiares directos y/o personas jurídicas que integren y que, conforme a la legislación vigente, hayan sido registradas (vgr. compraventa de bienes muebles, inmuebles, transferencia de acciones, constitución de derechos reales, fideicomisos, donaciones, etcétera".
En la nómina adjunta aparecen, además de Palito Ortega, los senadores Eduardo Bauzá, Augusto Alasino, Alcides López, Alberto Tell, Javier Meneghini, Ricardo Branda, Angel Pardo, Raúl Galván, José Genoud, Remo Costanzo y Emilio Cantarero, acompañados por una larga lista de familiares.
Pero el requerimiento judicial también incluye los nombres de los ex secretarios administrativos de la Cámara alta (Mario Pontaquarto y Ricardo Adrián Mitre).
En su momento los fiscales del sonado caso de los presuntos sobornos (que desataron una tormenta institucional que terminó en la renuncia del vicepresidente de la Nación, del jefe de la Side, del presidente provisional del Senado, de los jefes de los bloque oficialista y del PJ y del ministro de Trabajo) pidieron el procesamiento de siete de los involucrados por entender que existieron coimas y que la plata para hacerlas efectivas salió de la Side. Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado apuntaron contra Costanzo, Tell, Pardo, Branda, Cantarero y Meneghini, y aclararon que sobre los otros cuatro senadores todavía no había elementos para pedir que se los culpara.
Por eso, no deja de sorprender que la diligencia judicial requerida para rastrear los patrimonios esté caratulada como "Ortega, Ramón s/ cohecho". Pero también que algunos de los protagonistas de las investigaciones hayan sido olvidados, como, por ejemplo, el ex titular de la Side Fernando de Santibañes y el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, a quienes Cavallo les canceló el llamado a prestar declaración.
"Es llamativo que el juez haya hecho eso, pero más aún que la decisión de no convocarlos se produjo el mismo día en que (el presidente Fernando) De la Rúa reclamó su pliego a la cartera de Justicia para enviarlo al Senado, que, en definitiva, avalará su postulación a camarista federal", narró a La Capital una fuente del Ministerio Público.
La decisión de liberar de responsabilidades a Santibañes y Flamarique alivia al gobierno nacional y pone en un cono de sombras que en este escándalo (cuyo expediente acumula 34 cuerpos) aparezcan culpables. La última esperanza está centrada en las declaraciones juradas de los acusados y en el requerimiento (que hoy revela La Capital) para intentar demostrar si alguno de los sospechados tuvo incremento patrimonial injustificado tras las presuntas coimas.
Si esos rastros no aparecen, el mayor escándalo político de la posdictadura se blanqueará sin sobornados ni sobornadores. Una resolución que desmitificaría aquello de que "no existen crímenes perfectos".
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La Ciudad
