Silvina Dezorzi
Por primera vez, un secretario de Estado admitió que si se logra consenso científico sobre los efectos benéficos que el consumo de marihuana puede ejercer sobre enfermos terminales estará dispuesto a impulsar su legalización y a promover que sea esa la posición del gobierno nacional. El titular de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, Lorenzo Cortese, defendió sin embargo ante La Capital la ley vigente sobre drogas (de la que fue autor), que penaliza con cárcel la tenencia incluso para consumo personal, aunque en realidad la condena rara vez se cumple. Pese a eso, el funcionario nacional afirmó que el gobierno está abierto al debate sobre el tema. Pero eso sí: dejó claro que mantendrá el criterio de la "prohibición con alternativas" y advirtió: "Sería caótico que levantáramos banderas despenalizadoras con un Estado tan achicado y debilitado económicamente, sin poder complementar esa postura con otras acciones como encaran los países desarrollados".
-¿Está de acuerdo con la legislación actual sobre drogas y específicamente con que esté penalizado el consumo de marihuana?
-Fui autor de la ley hace 11 años. Su pregunta fue objeto de fuerte análisis al momento de sancionarla y sigue siendo recurrente porque el debate está abierto en el mundo. En Uruguay, hace unos meses el propio presidente planteó despenalizar el consumo, aunque después las encuestas mostraron que la opinión pública no compartía la idea y hubo fuertes réplicas. Por estos días, hay otra iniciativa en Colombia, y Canadá también dio algunos pasos y legalizó el uso de la marihuana con fines médicos. La Corte de Estados Unidos, en cambio, lo rechazó diciendo que no existe suficiente aval científico para hacerlo. En Argentina también está abierto el debate. No es que el gobierno lo impulse, pero tampoco va a hacer nada para cerrarlo en el marco de una sociedad democrática. La prensa introduce el tema, hay jueces que piensan en sentidos diversos, fiscales con distintas interpretaciones y hasta la Corte habló en algún tiempo sobre la inconstitucionalidad de la ley, aunque actualmente la admite como constitucional porque se trata de una prohibición con alternativas.
-¿Qué quiere decir eso?
-El gobierno mantiene el criterio de que la ley no es una prohibición lisa y llana, como la anterior, sino con alternativa de tratamiento. La ley ilegaliza la tenencia, no el consumo, para que opere como prohibición general y ayude a disuadir conductas. Pero también fija una penalización muy baja si la tenencia es para consumo personal. Cuando se abre una investigación judicial no se piensa en perseguir, sino en ofrecer alternativas para que la Justicia pueda cerrar el procedimiento a cambio de acciones de asistencia curativas si se está en presencia de un adicto, o educativas si se trata de un experimentador. El esquema legal responde a la realidad del país.
-¿Considera que es modificable?
-Si se modificara ese esquema, hoy no habría suficientes inversiones para que el Estado pudiera desarrollar acciones de control de la comercialización, acciones de prevención ni acciones de asistencia. Sería caótico que levantáramos banderas despenalizadoras en un país con un Estado tan achicado y debilitado económicamente, sin poder complementar esa postura con otras acciones que sí encaran los países desarrollados. Además, incluso quienes impulsan la despenalización saben que no se podría aplicar aisladamente, sino como fruto de un debate en todo el mundo o al menos en una región. Sería suicida aplicarlo en un solo país, sobre todo con las debilidades de cualquier país sudamericano. Todo esto sin perjuicio de los debates, que incluso podrían llegar al Parlamento.
-Pero aun una pequeña cantidad de marihuana para consumo puede llevar a alguien a la cárcel de un mes a dos años.
-No hay condena, porque la ley no pretende eso, sino disuadir.
-¿No es una posición hipócrita esa?
-No. La alternativa es que, abierto un proceso judicial, se intente la recuperación desde la propia Justicia.
-Sin embargo, incluso con muy poca sustancia hay gente que queda detenida y pasa a un proceso judicial. Si usted le encontrara un porro (cigarrillo de marihuana) a su hijo o un sobrino, ¿lo denunciaría?
-La ley no pretende que un padre denuncie a un hijo. El valor en juego es la salud pública y la ingeniería legal tiende a ese objetivo, convencida de que si se legaliza la tenencia seguramente se afecta ese valor. Repito, la tenencia se penaliza no como consumo, sino como riesgo de transferencia, por venta o por otras vías. Del otro lado están los otros argumentos, que señalan conveniente no penalizar el consumo porque de ese modo se afecta la libertad individual y el derecho a resolver en torno a lo individual un comportamiento que no afecta a terceros.
-¿Cree que la penalización disuade?
-Sí, disuade conductas. Pero desde el otro lado se dice que la penalización no ha sido eficaz y se propone avanzar en la liberalización, con una fuerte campaña preventiva, garantizando el comportamiento individual que cada uno desarrolle en el marco de su propia decisión. Pero lo que queda claro es que acá quienes levantan estas banderas encuentran poco respaldo. Después están las experiencias internacionales, pero hay que recordar que Holanda, por ejemplo, tampoco da una libertad plena: primero, autoriza el consumo de sólo algunas sustancias; segundo, lo permite sólo en algunos espacios físicos y con un gran control; tercero, penaliza fuertemente a quienes no respetan estos supuestos.
-Usted sacó una resolución donde se recomienda aplicar programas de reducción de daños, en lugar del abstencionismo. ¿Qué significó ese paso?
-Encolumnamos al país en una doctrina de reducción de daños, lo que es un paso muy importante que gestiones anteriores habían rechazado. Para los casos donde la persona afectada con adicción no haya tenido tratamiento o habiéndolo tenido haya fracasado, desde el Estado se recomienda a los ministerios de Salud nacional y provinciales que desarrolle las acciones más convenientes para cada caso individual, de modo de evitar daños mayores (por ejemplo proveer jeringas para evitar contagio de sida). Pero tampoco puedo hacer de esto una cuestión de interpretación ideológica que lleve a posiciones que no logran tener acompañamiento interno en el desarrollo de políticas tendientes a la neutralización de las adicciones.
-¿Qué opina del uso terapéutico de la marihuana?
-Le fijo mi posición personal como secretario de Estado, que impulsaría para que fuese posición de gobierno. Si el debate se cierra desde el punto de vista científico y se señalan con respaldo los efectos que en ciertas circunstancias puede tener el uso de la marihuana para neutralizar derivaciones en enfermedades terminales, yo impulsaría legalizar esa sustancia con fin médico. Del mismo modo que están autorizados los derivados opiáceos con fines terapéuticos: a nadie se le ocurriría negarle morfina a un enfermo terminal con cáncer óseo.
-¿No cree que se habla poco de los efectos reales de las drogas, incluido el aspecto del placer, pero abunda un discurso moralizante y atemorizante?
-Obviamente, o bien la droga cierra una carencia de proyectos individuales, de angustia, y pone en otro mundo, o bien ofrece el atractivo de una circunstancial acumulación de beneficios placenteros. Ahora, todos los estudios científicos señalan que las drogas, duras y blandas, tienen un altísimo efecto nocivo sobre el funcionamiento cerebral, que en algunos casos es irreversible.
-¿Cuál es la diferencia entre drogas duras y blandas?
-Es un modo de distinguir las que tienen un efecto más severo de las que no lo tienen. Se habla de la marihuana, por ejemplo, como una típica sustancia categorizada como blanda, igual que el hachís. Las que derivan botánicamente de la hoja de coca o los opiáceos son drogas duras. Se hace la distinción para decir que las que tienen menor gravedad y su uso no afecta severamente la salud merecen también un tratamiento más benévolo. Entonces se pretenden determinadas actitudes del Estado, por eso nadie habla de despenalizar drogas duras.
-¿Cómo llama a la persona que consume drogas?
-Indiscutiblemente, quien consume drogas puede tener niveles de experimentación. Por eso las encuestas muestran altísimos porcentajes sobre todo de jóvenes que alguna vez contactaron con droga sin consolidar el consumo. Para mí esto es bueno, porque pese a ser atrapados por el proselitismo salieron del fenómeno. Después está el que queda atrapado en la adicción y en consecuencia se trata de una persona que atraviesa una enfermedad social. Renglón seguido, la periodista pregunta cómo se compatibiliza esta concepción de enfermedad con la penalización. Y yo le digo que no hay contradicción porque las normas generales del Código Penal ofrecen a la Justicia evitar que la ley se aplique a quienes no pueden controlar sus actos.
-¿Alguna vez probó droga?
-Nunca. Quizás un secretario de Estado debería hacerlo, pero ya estoy viejo.
-¿Se tentó alguna vez?
-No, ni siquiera con drogas socialmente toleradas. Alguna vez fumé, pero dejé. Quizá por eso, con casi 60 años, puedo correr detrás de una pelota de fútbol.
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La Ciudad
