Editorial

Coparticipación federal

El gobierno está comprometido a llevar el ajuste hasta las últimas consecuencias para garantizar el déficit cero, el requisito clave que destrabó las negociaciones con el FMI y permitió la obtención de un auxilio financiero de 8 mil millones de dólares. Esta necesidad de cerrar las cuentas llevará, irremediablemente, a trasladar el recorte a las provincias. La pelea ahora estará centrada en la distribución de la coparticipación federal. El gobierno nacional ya anunció su intención de flexibilizar el piso mensual de 1.364 millones de dólares que, tanto este año como el próximo, se debían repartir entre las provincias. Ese monto fue acordado en el Pacto Fiscal II, suscripto en noviembre pasado, y fija 1.400 millones para el 2003; 1.440 en el 2004, y 1.480 en el 2005.
Las provincias reaccionaron con dureza ante esta alternativa de eliminar el piso y dejaron constancia de su explícito rechazo, como también a la eliminación de los 225 millones para planes sociales que se habían prefijado en ese compromiso fiscal. No obstante, hay una puerta abierta: un debate integral que incluya una reforma tributaria, el rol que tendrá el gobierno nacional y una ley de financiamiento del déficit provisional, podrían ser la llave que destrabe la negativa de los gobernadores.
El gobierno nacional pretende que los montos mensuales se determinen de acuerdo a los ingresos que se produzcan; en este marco de constante caída de la recaudación, es un hecho de que la ley no pasa por el Congreso.
Es preciso consignar aquí que dejar librado el monto de coparticipación a la recaudación es jugar con fuego porque se agravará la dramática situación social y la conflictividad que vive el interior del país. Pero, además, es cambiarles las reglas a aquellas administraciones provinciales que han hecho un mayor esfuerzo por conseguir un equilibrio financiero, como es el caso de Santa Fe.
Una vez más es necesario que gobierno nacional y mandatarios provinciales generen pautas de consenso. Porque de lo contrario la pelea será de Nación contra las provincias, pero también de estas entre sí para determinar qué porcentaje le corresponde a cada una.