La pelea distributiva por la torta de la coparticipación federal comenzó a mostrar ayer sus primeras fintas y promete convertirse en una auténtica velada de fondo. El compromiso asumido por el gobierno nacional ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener auxilio financiero por ocho mil millones de dólares conlleva cómo obligación una urgente implementación del déficit cero, y con cifras declinantes de recaudación fiscal el piso de 1.364 millones a repartir entre las provincias se convirtió en un problema que la Nación se dispone a resolver, aunque tropieza con la férrea resistencia de los gobernadores de la oposición justicialista.
El presidente Fernando De la Rúa y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, se reunieron ayer con legisladores radicales y les adelantaron que impulsarán una renegociación del pacto fiscal con las provincias para flexibilizar el piso coparticipable.
El encuentro, que incluyó un almuerzo, se realizó en la Casa de Gobierno y tuvo como finalidad informar a senadores y diputados sobre los alcances del reciente acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Nacional, y las consecuencias que tendrá en la relación con las provincias.
El encargado de contestar la principal inquietud de los legisladores fue Cavallo, quien ante una pregunta del senador Juan Carlos Altuna anticipó que "el piso mensual de 1.364 millones que la Nación envía a las provincias deberá ser renegociado para adaptarlo a los recursos disponibles".
Según explicó el propio Altuna, "Cavallo aclaró que se seguirá con la coparticipación en función de los ingresos que se produzca, lo cual exigirá convocar a los gobernadores para que, a través del diálogo, se llegue a un consenso en ese sentido".
En esa reunión también se habló de las proyecciones del gobierno para reestructurar la deuda pública, aunque los funcionarios presentes aclararon que se hará "en forma totalmente voluntaria" y que para ello se destinarán los 3.000 millones de dólares que liberará el FMI en una segunda etapa.
La explicación de Cavallo fue escuchada por el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el secretario General de la Presidencia, Nicolás Gallo, los senadores Mario Losada, Jorge Agúndez, Néstor Rostan, José García Arecha, José Sáez, Roberto Ulloa, Juan Loza, Alcides López, Pedro Villarroel y Horacio Massaccesi; y los diputados Rafael Pascual, Horacio Pernasetti, Jesús Rodríguez y Raúl Baglini.
La flexibilización del piso acordado en el Pacto Fiscal II, suscripto en diciembre del año pasado entre la Nación y las provincias, es una alternativa que fue duramente criticada por los gobernadores, lo cual hace prever una ríspida discusión para llegar a un nuevo compromiso federal.
Con el fin de llevar un poco de tranquilidad, Colombo intervino para admitir que existe una contraposición entre la ley de déficit cero y el piso rígido del Pacto Fiscal II, "situación que se saldará con la nueva ley de coparticipación federal".
Los tiempos políticos condicionarán las definiciones. Agúndez adelantó en la reunión que "no sería conveniente que se fijen compromisos de leyes cuando en el Congreso no hay número suficiente para tratarlas antes de las elecciones". Por su parte, Baglini expresó la "imposibilidad de dictar una ley de coparticipación", tras lo cual recordó que no la hay desde 1988, ya que a lo que se "ha llegado -dijo- es a un sistema de parches que ha complicado y tensionado la relación entre la Nación y las provincias".
Más allá de la reformulación global de la ley de coparticipación, Cavallo anticipó ayer a los legisladores que los los 225 millones de pesos comprometidos por la Nación en el último compromiso fiscal para planes sociales también quedarán sujetos durante el segundo semestre al criterio del déficit cero, con lo cual se verán drásticamente reducidos.
Demasiadas piedras en el camino
El vicepresidente del bloque de diputados justicialistas, Miguel Picheto, aseguró ayer que las provincias gobernadas por el PJ "no van a aceptar recortes de los fondos coparticipables", al tiempo que anunció que su bancada analiza un pedido de informes a los funcionarios que negociaron con el FMI.
Las provincias, enfatizó Picheto, "ya resignaron varios millones de pesos buscando evitar una crisis de gobernabilidad nacida dentro del propio oficialismo" y explicó que por ese motivo "se aceptó firmar dos pactos fiscales que significaron una reducción en los fondos coparticipables de 1.769 millones de pesos".
En la misma sintonía, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, advirtió que todo intento de ajuste de fondos de coparticipación sería "jugar con fuego", porque "aumentaría la hambruna" y se incrementaría la conflictividad social.
La Ciudad
