Editorial

El gasto de la política

El presidente Fernando De la Rúa sorprendió a más de uno con la convocatoria -sin fecha determinada- a un plebiscito para bajar el gasto de la política en la Argentina. En el marco de un severo plan de ajuste que involucra a toda la población, incluso a los sectores de menos recursos, parece atinado que de una buena vez se comience a reducir el gasto innecesario que demanda la actividad política.
Sin embargo, es preciso aclarar con todas las letras que una Nación civilizada no puede existir sin partidos políticos, sin legisladores y sin elecciones. También, que el actual gasto de la política -abultado, sin dudas- no es la única causa del déficit fiscal que padece la Argentina desde hace años.
Sí es cierto que el funcionamiento de los partidos políticos y las legislaturas nacionales, provinciales y municipales demandan una erogación para el fisco que sólo podrían sustentar economías ricas y desarrolladas. Un país como la Argentina, con desempleo de dos dígitos y bolsones de pobreza nunca vistos antes, no puede darse el lujo de tener privilegios abyectos para quienes representan al pueblo. La política no puede ser más una forma de salvación económica para quienes la practican desde distintos cargos ejecutivos y legislativos.
El ejemplo de la provincia de Córdoba es para tenerlo en cuenta. Con un parlamento unicameral se reduce la cantidad de legisladores y los gastos caen abruptamente. En la provincia mediterránea hubo un plebiscito para conocer la opinión de la gente y, como era obvio, el proyecto fue aprobado por una amplia mayoría.
La misma situación se dará a nivel nacional. Nadie en este país, al menos la inmensa mayoría, se opondrá a que el gobierno aplique cirugía mayor en la política. Los sueldos a la mitad y una sola cámara legislativa nacional podría ser una buena medida para comenzar. Ahora, también, el Poder Ejecutivo Nacional tiene que ser consecuente con la imagen de austeridad que propone llevar adelante y terminar de plano con el gasto burocrático de su administración central. No toda la culpa la tiene la política ni las provincias. El gobierno nacional es el responsable, en última instancia, de haber permitido que este país haya llegado a la situación actual.
Ha llegado la hora -es la última oportunidad- de producir una radical reforma del Estado para que los dineros públicos lleguen a la gente y estén disponibles para la producción y el crédito. Este país tiene posibilidades de salir de la crisis. Con terminar con el despilfarro se empieza, pero no se termina. Las reformas deben ser profundas.