La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, ratificó que hoy pondrá a consideración del gabinete una amplia reforma del Ansés y en otras áreas de su cartera, que incluye la eliminación de los planes Trabajar y su reemplazo por "un mecanismo mucho más directo y menos discrecional, con menos intermediarios".
Bullrich dijo que el análisis de esas reformas "está muy avanzado" y que consta de "cuatro puntos estratégicos: la lucha contra la litigiosidad; una reforma administrativa profunda; la lucha contra el fraude y el control de las cajas provinciales".
En diálogo con una radio porteña, aclaró que debido a los índices de desocupación que tiene el país "hay que preservar los programas de empleo", pero adelantó que "los vamos a cambiar totalmente".
"Vamos a hacer desaparecer los planes Trabajar, pero para que se tenga una ayuda más objetiva y que sirva para el empleo; no para bajar la ayuda social, sino para hacerla y darla mejor", explicó.
Sostuvo que a partir de esta reforma se establecerá "un mecanismo (de entrega) mucho más directo y menos discrecional, con menos intermediarios", pero se negó a dar más precisiones al respecto. "En unos días lo vamos a anunciar", se limitó a señalar.
En cuanto al control de las cajas provinciales, Bullrich precisó que "lo vamos a hacer con dos mecanismos: uno, la revisión total de cada uno de los expedientes -son 20.000- para ver si están todos respaldados en aportes concretos y para dar de baja toda aquella jubilación irregular que se pueda encontrar".
En segundo lugar, sostuvo que se hará "a partir de una normatización pareja que permita que bajen todos los privilegios que puedan subsistir", en obvia alusión a las jubilaciones de privilegio.
Al ser consultada, por otra parte, de qué forma habían tomado los sindicatos la nueva normativa de la cartera laboral que otorga a las empresas el derecho de pedir la intervención estatal para dirimir el encuadramiento gremial de sus trabajadores, Bullrich recordó que "es un tema que le compete hacerlo a la autoridad ministerial".
No obstante, justificó la medida señalando que "en algunos casos, empresas que hacen la misma tarea que están en convenios colectivos distintos generan asimetría en los costos" por lo que, explicó, "es fundamental ordenar todas las actividades para que tengan el mismo convenio".
Sobre las cifras de desempleo de octubre, la ministra si bien dijo que "todavía no tengo cifras", admitió que "el país no está en una etapa de actividad, por lo cual nosotros creemos que no pueden haber mejorado".
"Ahora tenemos que ser muy persistentes en el camino elegido; no esperar grandes milagros sino esfuerzo, y con ese esfuerzo vamos a seguir saliendo adelante, pero de lo que tenemos que mentalizarnos los argentinos es que vamos a tener que ir dando paso a paso con el plan que nos hemos planteado, para ir saliendo de la crisis y recuperando actividad", destacó.
Sobre la venta callejera, que según estadísticas evade tres mil millones de pesos al año y en la que trabajan 24.000 personas en negro, Bullrich reveló un operativo en marcha desde el primero de agosto, que va hasta el 30 de noviembre, en el que su cartera piensa llegar a casi 600.000 trabajadores de 54.000 empresas en todo el país.
Explicó que "estamos fiscalizando un factible trabajo no registrado y recibiendo denuncias de todo tipo en el ministerio", tarea que incluye, según dijo, la colaboración de los sindicatos "para que nos digan en qué empresas puede haber trabajo no registrado". Según la ministra, esto "está dando un buen resultado".
Agregó que complementariamente, a partir del próximo año se pondrá en marcha la "bancalización salarial", es decir, el pago de las asignaciones familiares a través de bancos, con lo que, enfatizó, "vamos a poder detectar empresas fantasmas que evaden al fisco".
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La Ciudad
