Santa Fe. - Alrededor de unos 15 mil domicilios que figuran en los padrones provisorios fueron denunciados como falsos ante el Tribunal Electoral de la provincia por medio de los apoderados de los partidos políticos mayoritarios y por particulares. Las denuncias se realizaron en la casi totalidad de los departamentos y en 124 localidades y tienden a constatar los verdaderos domicilios para que, de comprobarse, se impida votar por autoridades municipales a los electores que no habiten en el lugar. Pese a los cuestionamientos no se observaron denuncias en la ciudad de Rosario ni en Santa Fe capital.
El conflicto de las dobles direcciones comenzó cuando se hizo práctica habitual el obtener los carnés de conducir en los pueblos del interior, por ser tal vez allí más permisivo el examen. Pero esto devino en que algunos dirigentes políticos de esas poblaciones, básicamente presidentes comunales e intendentes, "se pasaran de pícaros y mandaran votos propios a la casa de quienes no viven en el pueblo para ser favorecidos, en un claro ejemplo de antidemocracia", según sostienen militantes de las localidades. De esta forma se aseguraban el voto a favor.
La impugnación de electores, a quienes de comprobarse la irregularidad se le puede recurrir los votos en el mes de octubre, cuando se lleven adelante las elecciones legislativas y comunales, se hacen bajo el amparo de la ley 11.627 promulgada en 1998.
Para corroborar las direcciones el tribunal dispuso de "setenta agentes provinciales que verifican los domicilios acompañados por la fuerza pública y los veedores o representantes de los partidos que denunciaron los domicilios falsos", explicó Inés Souilhe, secretaria del Tribunal Electoral.
La llamada ley de residencia especifica una serie de plazos, normas de votación para los ciudadanos y contempla las denuncias por falsos domicilios y apunta a lograr una depuración de padrones. "En muchas localidades de la provincia una votación se define por menos de cien votos", explicaron dirigentes de los partidos políticos.
La ley marco establece la operación electoral que debe efectuar el presidente de mesa el día del escrutinio para "observar" el voto y las medidas a tomar por el Tribunal Electoral de la provincia. Casi la totalidad de las 15.080 denuncias entraron al tribunal el pasado 31 de julio, fecha límite marcada por el calendario electoral.
Trabajo rápido
El Ministerio de Gobierno, de donde depende el tribunal, dispuso los recursos necesarios para cumplir con las verificaciones. Lo curioso del caso es que se deben constatar las 15 mil direcciones en menos de una semana.
El calendario determinado por la ley toma como referencia la fecha de las elecciones de octubre y condiciona los controles de manera tal que el 14 de septiembre la provincia pueda entregar a la Nación los padrones definitivos.
No obstante, el caprichoso calendario obliga al tribunal a resolver los casos en que se comprueben direcciones inexistentes en un plazo de tres días. "Es prácticamente imposible controlar tantos electores en tan poco tiempo, la ley debería modificarse", expresaron veedores de los partidos.
La cantidad de localidades que son investigadas y el tiempo a indagarlas hacen dudar de la eficacia. En los corrillos políticos santafesinos se especula con que más del 70 por ciento de las denuncias implica a electores justicialistas. Pero esta presunción es incomprobable y sólo se basa en que en las localidades chicas "nos conocemos todos", aseguran militantes del interior santafesino.
La secretaria del Tribunal Electoral sostuvo que confía en que los veedores y funcionarios del tribunal puedan entregar el trabajo a tiempo. "Se están confeccionando los informes y recién a fin de mes debe estar la resolución del tribunal. De acuerdo al cronograma electoral el 14 de septiembre tenemos que tener todo hecho", indicó.
Por otra parte, tanto apoderados como veedores partidarios coinciden en señalar que "en una semana, lamentablemente, es casi imposible hacer las constataciones".
Desde el Ministerio de Gobierno provincial se confía en que se "cumplan las actuaciones". La ley fue votada en su momento por todos los partidos pero es posible que sea sometida a la reforma política provincial que está implementando el ministerio.
"La ley será modificada. De hecho tiene la media sanción de la Cámara de Diputados. En la propuesta de reforma el Ejecutivo solicitó que la denuncia fuera acompañada con pruebas", manifestó Benito Afalo, funcionario de Gobierno.
De momento se están llevando a cabo las constataciones. Después vendrán los descargos y tal vez algunas sorpresas, hasta que la ley cumpla con su objetivo de transparentar los padrones electorales definitivos.
La Ciudad
