La publicación sobre la deuda que algunos ediles mantienen con el Concejo, al que no le devolvieron un impuesto abonado oportunamente, causó un verdadero revuelo en los laberínticos pasillos del Palacio Vasallo. Mientras unos llamaban indignados a La Capital para explicar su situación, otros admitieron su deuda y sugirieron que se les descuente "en cuotas y sin intereses". Algo es seguro, del erario público salieron más de 111 mil pesos, de los cuales recién se recuperó cerca de la mitad.
La novela del no pago del impuesto a las ganancias comenzó en 1994. Por aquellos tiempos, algunos concejales entendieron que si los diputados y senadores nacionales no pagaban ese tributo entonces ellos tampoco tenían que hacerlo. Fue así que las manos se alzaron enérgicamente para solicitar un dictamen jurídico que avalara su posición. La respuesta llegó, y para alegría de muchos, coincidió con su pedido y recomendó no pagar ganancias.
A raíz de esto, fueron varios los ediles que zafaron de abonar el impuesto. Pero su felicidad no fue eterna. Tiempo después, la DGI reclamó el pago y el Concejo respondió con fondos propios. En total se abonaron 111.849,26 pesos. Lo cierto es que a la hora de cobrar lo adeudado a los concejales, el tema se tornó difícil. Hoy, siete años después, más de una decena de ellos (algunos con mandato cumplido) debe cifras que llegan en ciertos casos a los casi cinco mil pesos.
"Estuve de acuerdo con pagar"
"Yo siempre estuve de acuerdo con pagar", confesó ayer la concejala justicialista Marta Rubeo, quien reconoció que le debe al Concejo 1.542,31 pesos. No obstante, subrayó que su morosidad no fue producto de la mala voluntad. "Puede haber habido desidia, pero no mala voluntad", señaló.
Rubeo ensayó un mea culpa: "No quiero echarle la culpa de esto a nadie, ya que es una obligación mía. En realidad no me fijé en el recibo de haberes, pensé que me estaban haciendo el descuento". En tal sentido, adelantó que hoy hablará con el contador del Concejo para aclarar la situación, pero anticipó que solicitará que no se le descuente todo de una sola vez.
Por su parte, la ex concejala Iris Pérez (también justicialista), que según los datos suministrados por el Concejo debe 1.635,34 pesos, se mostró sorprendida por la noticia de su morosidad. "Acá está en falta el Concejo, yo hablé con el contador a principios de año y le dije que no tenía inconvenientes en que se me descontara lo adeudado. Yo podré estar en falta, pero más lo están ellos, porque no me descontaron nada", señaló.
A Pérez tampoco le parece justo que en el descuento de lo adeudado se le apliquen intereses. "El no pagar ganancias fue decisión del Concejo que acataron los ediles, por eso creo que ahora no es justo que alguien quiera cobrarme intereses", señaló.
Otro de los que figuran en el listado de morosos es el ex concejal radical Rafael Samardich. Según la información oficial, debe 2.763,58 pesos. Pero Samardich se defiende: "Yo a la DGI no le debo nada, en mis declaraciones juradas del 94 y 95 incluí mis dietas de concejal. El Concejo tendría que haber estudiado caso por caso y no haber pagado al boleo como lo hizo", señaló. Pese a eso, afirmó que está dispuesto a devolver lo que el Palacio Vasallo le exige, "pero siempre que ese monto se me descuente del pago a las ganancias de 2001". Lo mismo esgrimió el justicialista René Colarte, quien aseguró que en el 94 y 95 cumplió con el pago a las ganancias.
La que se mostró indignada y dolida fue la ex concejala Silvia Fernández León, quien se comunicó con La Capital para protestar por lo que consideró una "infamia" de las autoridades del cuerpo. "En el 97 y en el 99 quise pagar, y no le dieron curso a mis presentaciones. En ese momento ganaba cinco veces más que ahora. Hoy cobro 400 pesos y me es imposible asumir esa deuda. ¿Por qué no me lo cobraron cuando yo lo quise hacer?", se preguntó, a modo de defensa.
La Ciudad
