El ex dictador Jorge Rafael Videla se negó ayer a declarar ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien dictó el procesamiento y la prisión preventiva del ex comandante por su presunta responsabilidad en el Plan Cóndor, que coordinó la represión ilegal en el Cono Sur.
"No voy a formular ninguna declaración", advirtió Videla, con el dedo índice derecho en alto, ante la requisitoria de los periodistas que cubrieron la audiencia en los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
Idéntica conducta había adoptado antes frente al juez Canicoba, quien ya lo procesó y convocó ayer al ex dictador para una ampliación de la indagatoria que el ex jefe militar rehusó responder.
Vestido con traje y corbata, y protegido por un impermeable claro, Videla -de 76 años- fue trasladado ayer a la mañana desde su casa en avenida Cabildo 639, en el barrio porteño de Belgrano, hasta la sede judicial de Retiro.
Es que, desde julio de 1998, el ex presidente de facto cumple arresto domiciliario en su piso de Belgrano, al que fue derivado tras haber permanecido un mes detenido en la ahora clausurada cárcel de Caseros.
Condena y libertad
En 1985, Videla fue condenado a reclusión perpetua por decenas de crímenes de lesa humanidad, pero apenas purgó cinco años de la pena porque fue beneficiado por un indulto del entonces presidente Carlos Menem, que ahora está bajo prisión domiciliaria por su presunta participación en la venta ilegal de armas.
Ocho años después de haber recuperado la libertad a través del indulto, Videla fue encarcelado por el robo sistemático de hijos de desaparecidos.
Y el 10 de julio pasado fue procesado como presunto integrante de una "organización criminal" que, bajo la denominación de Plan u Operación Cóndor, secuestró y torturó a decenas de víctimas durante la represión ilegal que en los años 70 fue desplegada en Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.
Organización criminal
El juez Canicoba Corral consideró probada "la actividad de Videla en cuanto a la concertación del acuerdo que conformara la organización criminal denominada Operación Cóndor, destinada y dedicada a la comisión de ilícitos: privación ilegal de la libertad persona, secuestro, imposición de tormentos, robo, y falsificación y uso de documentos".
El Operativo Cóndor, según consta en el expediente del caso, fue producto de un "acuerdo de nivel político entre países del Cono Sur" a los fines de cumplir el "principal objetivo" de las dictaduras: "el exterminio de la subversión".
El magistrado, que trabó un embargo de un millón de pesos sobre los bienes de Videla, describió al Operativo Cóndor como una "organización criminal político-militar de nivel internacional, sostenida por el poder ejercido de autoridades jerárquicas militares, civiles y policiales de los países que habrían integrado la misma, con fines criminales e ilícitos como es, entre otros injustos, la desaparición forzada de personas".
Y en el marco del proceso Canicoba Corral pidió a Chile la extradición del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, y realizó idéntico trámite con Paraguay para enjuiciar en Argentina al ex presidente de facto de ese país, Alfredo Stroessner, actualmente asilado en Brasil.
También solicitó a Uruguay la extradición de Julio Vapora, ex comandante en Jefe del Ejército del vecino país, y de otros tres militares de la misma nacionalidad, pero Montevideo rechazó esa pretensión.
La Ciudad
