Los republicanos presionan a Bush para que no apoye a la Corte Penal Internacional

Nueva York. - Los republicanos amenazan con congelar la contribución norteamericana a la ONU si la administración de George W. Bush no apoya una ley contra la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar crímenes de guerra. La administración quiere que el Congreso dé vía libre a 582 millones de dólares atrasados para evitar dificultades cuando, en septiembre, Bush viaje a Nueva York para hablar ante la Asamblea General.
La contribución representa la segunda de las tres cuotas con que Estados Unidos se comprometió a colmar su colosal deuda en relación con la organización internacional. Pero un grupo de republicanos conservadores amenazó con vincular este pago a la aprobación del American Service Members Protecting Act, una ley destinada a excluir al personal norteamericano de la jurisdicción del tribunal instituido en Roma para procesar bajo la mirada de la ONU crímenes de guerra, delitos de genocidio y contra la humanidad.
En sus últimos días en el cargo, el ex presidente Bill Clinton firmó el tratado que instituía la Corte que, por otra parte, tiene pocas posibilidades de ser ratificado en el Congreso. La última pulseada representa una nueva complicación, la de "poner en riesgo el apoyo de Estados Unidos a dos importantes foros internacionales en un momento en que la administración Bush se está esforzando para no mostrarse aislacionista o unilateral en política exterior", comentó en su edición de ayer el Washington Post.
El American Service Members Protection Act es un alegato introducido en la Cámara a la ley de gastos del Departamento de Estado que contiene el pedido de contribución a Naciones Unidas: anticipa el recorte de la asistencia militar norteamericana a cualquier país no Otán que haya ratificado el tratado institutivo del CPI.
La misma norma prohíbe a las tropas norteamericanas que sirvan en misiones de paz de Naciones Unidas a menos que el Consejo de Seguridad garantice a los soldados que sirven bajo la bandera norteamericana inmunidad de la jurisdicción de la Corte de La Haya. En un parágrafo, quizás el más extremo de todos, autoriza a la Casa Blanca a utilizar la fuerza militar para liberar a militares norteamericanos o aliados prisioneros por orden de la Corte.
La administración Bush, que no tiene particular simpatía por el CPI, reaccionó con irritación ante el intento del Congreso de atarle las manos en política exterior.