Desaparecidos. Fue imputada en el caso una jueza contenciosa administrativa

Detuvieron a tres ex marinos y a un civil por robo de bienes

Se trata de los ex capitanes Whamond, Rolón y Rádice y un cuidador de caballos

Los ex capitanes de la Armada Francis Whamond, Juan Carlos Rolón y Jorge Rádice y el cuidador de caballos de carrera Aldo Maver fueron apresados en las últimas horas de ayer por orden del juez federal Claudio Bonadío, que de inmediato inició la ronda de indagatorias a los detenidos, acusados de haberse apropiado de los bienes de tres empresarios desaparecidos. El magistrado también imputó en el caso a la jueza contenciosa administrativa Emilia García.
Maver, que cuidaba caballos pura sangre en un haras que pertenecía al desaparecido Conrado Gómez, fue el primero en ser interrogado por el juez, dijeron fuentes judiciales.
Los voceros indicaron que Maver se desempeñaba en un haras de Corrientes que habría sido fraudulentamente transferido a ex miembros del aparato represivo luego del secuestro de Gómez, cuyo cuidador siguió cumpliendo idéntica función pero a las órdenes del entonces jefe de la Armada, Emilio Massera.
En la causa que instruye Bonadío, interinamente a cargo del Juzgado Federal Nº12, están imputados también Massera y el ex capitán Jorge Tigre Acosta, quienes cumplen prisión preventiva desde 1998 por su presunta responsabilidad en el robo sistemático de niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres desaparecidos.
Bonadío investiga el latrocinio de los bienes de los desaparecidos Gómez -quien fue desapoderado de sus costosos equinos-, Horacio Palma y Victorio Cerruti, accionistas de la empresa Cerro Largo de Luján de Cuyo.
Los tres hombres fueron prisioneros en 1977 de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y se presume que, bajo tormentos, fueron obligados a transferir sus bienes a sus victimarios. Luego, según las fuentes, habrían sido arrojados dopados pero vivos al mar desde aviones militares, en los llamados "vuelos de la muerte".
Bonadío también imputó en el caso a su colega Emilia García, del fuero Contencioso Administrativo, y promovió juicio político contra la magistrada, que en la dictadura se desempeñaba como escribana y habría tenido participación en la firma Cerro Largo, una vez que la compañía quedó en manos de los marinos bajo otra denominación.
Las fuentes dijeron que Cerruti y Palma habrían sido despojados de campos en la provincia de Mendoza y otros bienes que totalizarían los 12 millones de dólares.
Efectivos de la división Delitos Complejos de la Policía Federal buscaban ahora al contador público Alejandro Dárdano y al ex marino Alejandro Spinelli, imputados en el caso.
Los abogados de Dárdano se presentaron ayer en el Juzgado Federal Nº12 y pidieron la eximición de prisión del acusado luego de asumir su defensa en el expediente.