Que vengan los directivos y declaren. Después vemos qué hacemos". Quienes tienen acceso al despacho del juez de Instrucción Juan José Pazos cuentan que ésta fue su reacción, ayer a la mañana, cuando recibió la denuncia de oficio del fiscal Esteban Franicevich sobre el apriete de los barrabravas a los directivos de Rosario Central para que les entreguen 20.000 pesos y 1.000 entradas cada dos partidos. Ni bien leyó el dictamen del fiscal, Pazos decidió citar al presidente Víctor Vesco, a otros tres directivos de primera línea y a la esposa del vicepresidente del club, para que declaren como testigos en la causa por denuncia de tentativa de extorsión, amenazas con armas y amenazas coactivas que abrió en su juzgado. Una vez que los tenga sentados frente a su escritorio, el magistrado les hará a todos la siguiente pregunta: "¿Es cierto que los apretaron?". Y en caso de que las respuestas sean positivas, seguirá este otro interrogante: "¿Quiénes fueron?".
Pazos no quiere quitarle ritmo a la iniciativa que asumió el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, quien el martes instruyó a Franicevich para que abriera una causa de oficio a partir del apriete denunciado en off por los directivos de Central a través de Ovacion. Por eso no dejó pasar ni un segundo desde que recibió el pedido de Franicevich para citar a las víctimas del presunto apriete y hacerlos declarar bajo juramento todo lo que saben sobre los episodios denunciados.
Franicevich también pidió a Pazos que les pregunte a los directivos si es cierto que la comisión directiva discutió el pedido de los barrabravas y al final del debate tomó la decisión de negarse a acceder a las exigencias de Pillines, Chaperos y Chaperitos. Fue este diario el que informó en exclusiva sobre esa decisión, basándose en informes reservados de algunos directivos, y esto no fue desmentido públicamente ni por el presidente ni por ninguno de sus principales colaboradores.
La pregunta que muchos magistrados y funcionarios del Poder Judicial querrían hacerles a los directivos, y que de hecho Pazos formulará cuando los interrogue, es si conocen a los barrabravas que los extorsionan bajo todo tipo de amenazas. Casi nadie espera de ellos una respuesta positiva, y este escepticismo se basa en experiencias del pasado, ya que nunca un dirigente del fútbol admitió ante un magistrado saber quiénes son estos oscuros personajes.
Los directivos que deberán desfilar por el despacho del juez Pazos son Vesco, el vicepresidente Juan Carlos Campagna, el secretario Néstor Mascó y el tesorero Jorge Sauan. También tendrá que hacerlo la esposa de Campagna, quien habría sido amenazada por un barrabrava en su propio domicilio. En cambio, el fiscal consideró que no será necesario citar al director técnico de Central, Juan José López, quien en los últimos días negó públicamente haber sido víctima de una extorsión por parte de un sector de la barra brava que le exigió dinero.
Todos declararán con las formalidades de una testimonial, es decir que jurarán decir toda la verdad acerca de lo que se les pregunte. Esto implica que si llegaran a saber algo y lo ocultaran podrían ser sometidos a un proceso por falso testimonio, que es delito.
De todos modos, el ambiente judicial consideraba bastante improbable que lo hagan y basaban su pesimismo en un dato concreto: si es cierto que las amenazas y aprietes existieron, también lo es que no hay ninguna denuncia policial ni judicial y que si la Justicia está actuando es pura y exclusivamente porque esos episodios fueron divulgados públicamente por Ovacion en base a información aportada por directivos que prefirieron el anonimato.
Además, hay otro dato concreto. El miércoles un directivo habló con uno de los fiscales que están fogoneando esta investigación y le confesó amargamente lo que cree que ocurrirá cuando sus pares estén cara a cara con Pazos. "No van a decir nada, se van a borrar", fue el vaticinio del atribulado miembro de la comisión directiva. Según esta persona, los directivos se dividen en dos grupos: los que quieren aprovechar esta oportunidad para denunciar con nombre y apellido a los apretadores, y los que prefieren mantener el silencio y afirmar, una vez más, que aquí no ha pasado nada.
"Los que vayan a declarar van a decir que los barrabravas sólo les fueron a pedir entradas de favor", anticipó la fuente.
De todos modos, el juez Pazos ya habría tomado la decisión de ordenar la detención e interrogar inmediatamente a quienes eventualmente pudieran ser identificados por los directivos como los apretadores de ocasión bajo sospecha de cometer los delitos de tentativa de extorsión, amenazas coactivas (persiguen la intención de conseguir algo de la persona a la que están dirigidas) y amenazas con armas.
La Ciudad
