La diputada del ARI, Elisa Carrió, renunció ayer a la presidencia de la comisión investigadora de lavado de dinero por los cuestionamientos de sus pares a su forma de conducción, pero advirtió que seguirá con el relevamiento como un integrante más del grupo. La legisladora afirmó que su dimisión es "indeclinable", que la presentará en la próxima reunión de la comisión, y que responde a que "en los últimos días" asistió a "una serie interminable de cuestionamientos" a su tarea. "Con mi equipo de asesores y con los diputados Graciela Ocaña, Gustavo Gutiérrez y José Vitar seguiré trabajando para encontrar la verdad cueste lo que cueste y lleguemos a donde lleguemos", señaló. De esa forma trazó una clara línea divisoria entre los firmantes del preinforme, que el viernes pasado reveló conexiones entre banqueros, funcionarios y empresarios que remitían dinero al exterior del país, y el resto de los legisladores que se negó a firmarlo. La intención de Carrió es quitar a sus asesores de la presidencia y seguir la investigación con su grupo reducido de colaboradores, que fue desde el inicio el núcleo de la comisión. Por el otro lado, la mayoría de los diputados de la comisión que se negaron a acompañar a Carrió adelantaron que rechazarán la dimisión de la legisladora. Si la diputada se retira debería sucederla Gutiérrez, quien ocupa la vicepresidencia, o se tendría que volver a votar para elegir a otro conductor. El diputado demócrata mendocino adelantó que en la reunión de mañana pedirá a Carrió que siga adelante con la presidencia. Gutiérrez consideró "injustos los agravios a la valentía y la nobleza de la diputada" y criticó duramente a la justicialista Cristina Fernández de Kirchner, una de las principales opositoras a Carrió, al asegurar que en sus cuestionamientos a la presidente de la comisión parecía "una vieja despechada porque le quitaron protagonismo". En la vereda de los críticos a Carrió, el diputado menemista Daniel Scioli rechazó la renuncia de la diputada y afirmó que "luego de la graves imputaciones y denuncias que dio a conocer a través de los medios de comunicación, que en algunos casos sólo ella conoce, debe continuar al frente de la misma y hacerse cargo de la situación". Un planteo similar presentó el cavallista Franco Caviglia, quien propuso "no aceptarle la renuncia hasta tanto dé respuesta a los serios y variados cuestionamientos que hicieron los integrantes de la comisión", y el justicialista Carlos Soria, quien también pedirá que siga con la conducción. "Carrió asume una actitud antidemocrática pues en lugar de dar respuesta a los cuestionamientos no acepta el disenso y evade su responsabilidad institucional", agregó el diputado de Acción por la República. Los señalamientos que derivaron en la sorpresiva respuesta de la presidenta de la comisión apuntaron, en especial, contra el acto que se organizó en la presentación del informe, que fue calificado por los críticos como "político". Por el lado de Carrió, en cambio, las respuesta fue que las críticas se centraron en aspectos formales y dejaron de lado el contenido de la presentación. "Se debe discutir el fondo de la cuestión, es decir, el informe y no aspectos menores, que llevan a un debate que termina siendo funcional a los intereses financieros denunciados", afirmó, en línea con Carrió, la diputada Ocaña. La disputa en el seno de la comisión puede emerger hoy si se concreta la sesión de la Cámara de Diputados, ya que hay diputados que anticiparon que llevarán el debate al recinto. Paralelamente, los legisladores radicales Horacio Pernasetti y Margarita Stolbizer, también integrantes de la comisión, darían a conocer recién hoy sus objeciones "metodológicas" respecto al preinforme. Stolbizer admitió que las discusiones afectaron "irrecuperablemente" las relaciones personales y "la confianza que existía" entre los integrantes del grupo, que tiene plazo hasta septiembre para continuar con su tarea. Con ese panorama, ayer mismo la Daia le pidió al juez federal Juan José Galeano que solicite a la comisión que investiga el lavado de dinero la remisión del informe y la documentación recolectada en ese escrito para establecer si existió una vinculación entre esas maniobras ilegales y el atentado contra la mutual (ver aparte).
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