La Justicia federal allanó el Pami local

Por orden del fiscal federal Ricardo Moisés Vázquez fueron allanadas ayer las oficinas de la Delegación IX del Pami (San Lorenzo al 900) y de la unidad que administra los policlínicos de la obra social (Uppri), en Sarmiento al 400. Durante el procedimiento se incautó documentación relacionada con la causa judicial en la que se investiga si existieron irregularidades en la contratación de una consultora en 1998.
En la denuncia -que recayó en el juzgado federal a cargo de Omar Digerónimo- se solicita una investigación ante presuntas irregularidades administrativas cometidas en la Uppri, que podrían derivar en malversación de recursos públicos. El monto estimado de la maniobra es de 3.200.000 pesos.
La suscripción del contrato que se está investigando se concretó el 20 de octubre del 98 con el fin de informatizar la obra social.
Un año después, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) elaboró un informe lapidario, en el que señaló direccionamiento de la contratación, ausencia de cláusulas penales, falta de control y pagos que excedían el número de cápitas.
Sobre este peritaje administrativo se fundó la denuncia de María Luisa Velázquez que roza la gestión de Juan Bautista Barbato como director de la Uppri, Miguel Sarcuno y Graciela Ravarotto como titulares de los policlínicos, los directivos de Consultores de Salud SA y gremialistas que integraron el comité de evaluación de gestión.
Ayer, por una orden del fiscal Vázquez se allanó la delegación IX del Pami. Su interventor, Julio Genesini, explicó que "no hubo entrega de documentación porque nunca se suscribieron contratos con las firmas que detalla el oficio judicial", explicó el funcionario.
Por el contrario, la presencia de los auxiliares del fiscal en las oficinas administrativas de los policlínicos (Sarmiento al 400) permitieron la remisión a la Justicia de al menos cuatro legajos de funcionarios del Pami que se encuentran seriamente comprometidos en el expediente judicial.