Editorial

Los ejemplos ayudan

Finalmente, después de largas y tortuosas deliberaciones, la Corte Suprema de la Nación resolvió no aplicar en el ámbito del Poder Judicial los recortes salariales dispuestos por la ley de déficit cero y de esa manera amplió aún más la brecha que desde hace largo tiempo separa a la Justicia de la sociedad. Pese a la suerte de compensación que significó la decisión de efectuar podas presupuestarias en otras áreas que pertenecen a esa esfera, el hecho de que no se afecten los sueldos de magistrados ni de empleados judiciales vuelve a poner sobre el tapete que en la Argentina existen, pese a todos los esfuerzos por erradicarlas, notorias zonas de privilegio.
Bien conocida es la pobre opinión que, en general, merece la gestión de la Justicia en la Argentina contemporánea. Y si bien existen atendibles excusas para fundamentar la pobreza de los resultados finales, como la creciente judicialización de la sociedad, la imputación de morosidad es la de menor calibre que se le realiza, sin distinción de credos religiosos ni banderías políticas. Es decir, la tan mentada eficiencia, ese "desiderátum" que incansablemente se persigue en esta época pragmática, dista de constituir un atributo que la adorne.
Por el contrario, más allá de elogios aislados a gestiones individuales, en boca de la gente predominan las quejas. Y sería muy difícil sostener que carecen de razones.
Por ese motivo, el déficit cero, que tan duramente golpea las ya muy castigadas espaldas de los sectores medios y medios bajos del país, era una excelente oportunidad para reivindicarse. Es decir, de acompañar el sacrificio de jubilados y empleados estatales, que ceden un importante porcentaje de sus haberes, mediante el respaldo que hubiera significado adoptar -sin reparos- una actitud similar. Pero sucedió lo contrario.
La Argentina necesita, para salir de la grave crisis que hace tiempo la agobia, del mancomunado aporte de todos sus habitantes. Sobre todo, por cierto, de aquellos que se encuentran en las mejores condiciones para hacerlo. En este caso, no hace falta bucear en demasiadas precisiones numéricas para llegar a la conclusión de que los emolumentos que perciben los jueces no son de los más bajos en la escala. Y si bien no se puede poner en tela de juicio que la trascendencia de su función justifica una remuneración de similar importancia, lo que se afirma no es que ganen de más, si no que se hallan en condiciones de ceder algo.
Y en este caso, más que nunca, sería de notable ayuda predicar desde la fortaleza que constituye el ejemplo.