El juez federal Jorge Urso decidió finalmente investigar las explosiones en Río Tercero en el marco del proceso por la venta ilegal de armas, pero la Justicia de Córdoba anticipó que rehusará declinar su competencia en favor del magistrado porteño, que paralelamente deberá defender su continuidad en la causa frente al planteo que formulará Carlos Menem por la existencia de otro sumario conexo en el fuero Penal Económico.
A seis años del inicio de las investigaciones, el escándalo de las armas amenaza generar un conflicto entre jueces que tramitan causas independientes sobre la exportación clandestina de armas y los estallidos en la planta cordobesa. Se presume, entonces, que la pelea será dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si el sumario finalmente es remitido a Urso, Menem podría afrontar cargos por las siete muertes que causó la tragedia de Río Tercero.
Fuentes allegadas al juzgado de Urso intentaron restarle trascendencia a un eventual conflicto y se limitaron a señalar que "la causa de las armas es de la Justicia, no de un magistrado en particular".
Urso, juez federal porteño, instruye el expediente principal por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y, ayer, al hacer lugar a un requerimiento del fiscal Carlos Stornelli, se arrogó la competencia del sumario que inició en Córdoba su colega Luis Martínez por las explosiones que en 1995 se produjeron en la Fábrica Militar de Río Tercero, donde hubo siete muertos y cientos de heridos.
Pero Martínez, que calificó el hecho como un "estrago culposo" (accidental), ya elevó las actuaciones a juicio y los magistrados Octavio Cortés Olmedo, José María Pérez Villalobo y José Tribuzzio -miembros del tribunal oral que ventilará el caso en un proceso oral y público- se negarán a remitir el expediente a Urso.
Mientras, el ex presidente Menem, que cumple arresto domiciliario por orden de Urso, prepara con sus defensores Oscar Roger y Oscar Salvi un planteo para que se unifiquen los dos expedientes en un único sumario.
La defensa del riojano ha preferido mantener en reserva los detalles de la jugada, pero se presume que pedirá a Urso que se inhiba de continuar con el caso para que toda la investigación quede en manos de Speroni.
De ahora en más, Urso deberá librar dos batallas por la competencia de las investigaciones: una con los jueces de Córdoba y otra con Speroni, que el 27 de este mes podría encarcelar al ex canciller Guido Di Tella, convocado a indagatoria y acusado por contrabando agravado.
La citación de Di Tella fue dispuesta luego de que la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico le ordenara al magistrado que cumpliera el trámite con el ex funcionario. El tribunal de segunda instancia también exigió que fuera indagado el ex presidente Menem, pero Speroni aún no se expidió sobre este punto.
Un allegado al tribunal oral que sustanciará el juicio por las explosiones en la planta cordobesa dijo ayer que el magistrado federal de Río Cuarto "estuvo cinco años investigando, citó a cuanto testigo y persona quiso declarar en su juzgado, trajo hasta peritos de Estados Unidos y concluyó que no había pruebas suficientes para determinar si era accidente o sabotaje".
"No se dará curso a la petición de Urso", afirmó entonces, tajante, el vocero. Para Stornelli, en cambio, las evidencias mostrarían que los estallidos en Río Tercero fueron intencionales y posiblemente motivados por la necesidad de encubrir el faltante de cañones y obuses clandestinamente enviados a Croacia.
"Se pudo comprobar que en la Fábrica Militar se preparaba el material bélico del Ejército Argentino para ser exportado", dijo Stornelli en un dictamen que presentó a Urso el 17 de julio último. Y agregó que en la planta se eliminaban las insignias nacionales y el código de identificación del armamento, para "ocultar su procedencia argentina".
Nombres que se repiten
Los nombres de varios protagonistas del escándalo se repiten en los tres expedientes, y hay un grueso número de ex funcionarios y militares que ya fueron procesados tanto por Urso como por Speroni y el cordobés Martínez.
De hecho, en Córdoba será enjuiciado, entre otros, el coronel retirado Edberto González de la Vega, que era director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares (FM) y fue procesado y detenido en el marco de las tres investigaciones. El ex director de la planta de Río Tercero, el teniente coronel Jorge Cornejo Torino, y su ex segundo, el mayor Marcelo Gatto, también se encuentran procesados en los tres expedientes.
La Ciudad
