Editorial

Una discusión postergada

El tema de los cuidacoches en la ciudad ha vuelto a ocupar espacio en la opinión pública a raíz del fallo de un juez en el que condena a una persona a seis meses de prisión en suspenso por haber intimidado a una mujer que se negó a darle la propina que él exigía. Se trata de una medida sin antecedentes en los fueros locales y que pone de relieve un problema social que se encuentra en franco avance y del que las autoridades aún no han implementado un debate para analizar una salida.
Naturalmente, el fenómeno está directamente vinculado al prolongado estado de recesión económica que sobrelleva la región y el país. En consecuencia, todas aquellas formas para sobrevivir que en el pasado se observaban incipientemente -como abrepuertas de taxis, vendedores ambulantes, etc.-de a poco han ido convirtiéndose en una verdadera alternativa para muchos desocupados y hoy, lamentablemente, han pasado a ser una actividad más del paisaje urbano que no despertaría la atención del transeúnte si no fuera por los serios inconvenientes de seguridad que de vez en cuando se desata entre cuidacoches y propietarios de automóviles.
Y es que esta actividad, ilegal e impuesta literalmente por prepotencia de trabajo malentendida, pone al propietario en una doble condición de extorsión y sometimiento, aceptar el cuidado de su coche con el riesgo de que le ocurra algo a su unidad si no lo hace y la obligación de desembolsar una propina que satisfaga para no recibir algún tipo de amenaza. Frente a esta situación, son pocos los ciudadanos que escapan a oblar un pago y, desde luego, al final del día, la recaudación de los "cuidadores" alcanza una cifra considerable, a tal punto que no se descarta la existencia de una verdadera organización detrás de un gran negocio.
Cuando se consulta sobre el tema a la Dirección de Tránsito municipal, recurrentemente se responde que no están habilitados para cumplir esa tarea. Algunos concejales intentaron tratar el problema pero todo quedó congelado frente a cuestiones de mayor interés para la ciudad. Desde el ámbito jurídico, se señala criteriosamente que existe un vacío legal y que la Municipalidad no está autorizada para reglamentar la práctica. Mientras tanto, la actividad crece y los conflictos se potencializan.
Es de esperar que alguna autoridad competente asuma la responsabilidad de instalar con rapidez una discusión amplia, que necesariamente debe incluir a los protagonistas, para hallar una salida razonable antes de que la Justicia deba actuar por delitos mayores a los ocurridos.