Cuando se viven circunstancias dramáticas, los seres humanos dejan de simular y se muestran tal como son. El soberbio, que menosprecia a los demás, se convierte en un cobarde sin valor para asumir su destino. El hipócrita, que finge ser lo que no es, se transforma en un sujeto dispuesto a la traición. El egoísta, a quien sólo interesa lo que le conviene, se muestra incapaz de gestos generosos. El acomodaticio, que medra con cualquiera que tenga poder, abandona a sus amigos. Lo mismo sucede con los cínicos, vanidosos y miserables de toda laya, unidos por una similar mezquindad.
De la misma manera, las situaciones extremadamente graves sirven para exaltar las virtudes ocultas de otras personas. El valiente, que se comporta con un inesperado coraje. El intrépido, que transforma una oscura personalidad en liderazgo excepcional. El héroe, que se sobrepone a su propio miedo y juega la vida para salvar a sus camaradas. A todos ellos los une el altruismo, que consiste en exponerse desinteresadamente por el bien ajeno a costa del propio.
En estos días aciagos, en que el país se hunde en la mediocridad más que en el default, hemos visto una caterva de personajes en el primer círculo, pero ninguno del segundo. No hemos escuchado testimonios de grandeza, renunciamientos, ni actitudes de humildad para reconocer los propios errores y mucho menos posturas de coraje en quienes deberían sentir el imperativo de cumplir con su deber. Con tales dirigentes nos hundimos y sólo podremos salir de la tempestad si surgen líderes dotados de un auténtico espíritu de generosidad y nobleza.
La caída de depósitos bancarios
Cuando a fines de febrero se anunció el blindaje, los depósitos bancarios alcanzaban 89.790 millones, de los cuales 35.639 estaban colocados en pesos y 54.151 en dólares. Esta última semana de julio -en plena crisis del default-los depósitos cayeron a 79.052 millones de los cuales 27.893 en pesos y 51.159 en dólares. Es decir que 10.738 millones se retiraron del sistema bancario sin causar zozobra, lo cual sólo puede lograrse en dos o tres países del mundo.
Esta cifra de retiros es casi idéntica a las pérdidas de reservas en el Banco Central. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la gente ha obrado con sorprendente racionalidad y dentro de expectativas sensatas. Como todos sabemos la ley de convertibilidad garantiza el canje por dólares sólo para la base monetaria, que está compuesta por la circulación monetaria más los depósitos de bancos en el Central. Debido a que esos billetes están garantizados, no ha habido un canje masivo por dólares billetes. Pero como esta garantía de convertibilidad no se extiende a los depósitos bancarios ni a los plazos fijos, el público ha discriminado entre depósitos en dólares y en pesos. Los depósitos en dólares están amparados por la responsabilidad patrimonial de los bancos, especialmente aquellos que integran grandes grupos internacionales, y por eso tales retiros han sido mínimos: un 5%. En cambio no pasó lo mismo con los depósitos en pesos, porque están sujetos a los desvaríos de un gobierno poco confiable. En este caso la caída ha sido del 22%. Esto significa que la población se está dolarizando espontáneamente y sin pausas.
Lo maravilloso de este proceso es que tan formidable retiro de fondos y el corrimiento al dólar se hace sin tumultos bancarios. Ello se debe a la extraordinaria labor técnica desarrollada por Pedro Pou, primero como redactor de las reglas de seguridad bancaria denominadas "Basilea + plus" y luego como estricto presidente del Banco Central. Una idea del nivel de mezquindad que impera en las esferas oficiales se encuentra en la escandalosa presión que Alfonsín, Cavallo, Moreau, Ruckauf y la diputada Carrió hicieron para echar ignominiosamente a Pedro Pou. Pero ahora, ellos que son usufructuarios de una tarea impecable, que los salvó de una fatal corrida bancaria, no se arrepienten de su felonía, ni deslizan ninguna palabra de reconocimiento por la excepcional red de seguridad que Pedro Pou armó tan profesionalmente.
Las reglas del déficit cero
Si bien la gente se comporta de una manera que sorprende a los observadores extranjeros, que advierten signos de indignación social pero no de pánico, la clase política en su conjunto sigue sin comprender la contundencia de los fenómenos económicos provocados por su propia conducta. Todavía siguen insistiendo que se trata de un golpe de mercado o de una conspiración especulativa. No aceptan siquiera como hipótesis que el causante de este caos ha sido el feroz aumento del gasto público y que los gastos políticos deban ser reducidos al mínimo para poder recuperar credibilidad.
Son tan necios que sólo se pusieron a votar la ley de déficit cero cuando se vieron contra las cuerdas y bajo condiciones de sospechosas reciprocidades. Pero ninguno de ellos están convencidos de la bondad de la disciplina fiscal que impone el sistema del déficit cero y mucho menos se muestran arrepentidos del despilfarro fiscal que consintieron en la década pasada.
En la primera parte del gobierno menemista, entre 1991 y 1996, siendo Cavallo ministro de economía, el gasto público aumentó 32 mil millones; en el período final del menemismo, entre 1996 y 1999 con Roque Fernández, subió 10 mil millones más; y se redujo 2 mil millones cuando estuvo Machinea.
En esos diez años la recaudación impositiva también aumentó 40 mil millones, con lo cual hoy, a diez años de la convertibilidad volvemos a tener el mismo déficit que teníamos cuando estábamos inmersos en la caótica economía hiperinflacionaria del Austral. Pero ahora debemos pagar intereses de la deuda pública por 12 mil millones contra los 3 mil millones de antes.
No hay ninguna duda que la clase política en su totalidad convalidó la expansión del sector público al permitir que los déficit presupuestarios fueran financiados mediante deuda pública. Como esa deuda fue consumida en gastos extravagantes, de ella no ha quedado nada más que la obligación de pagarla. Pero ahora que han adoptado el sistema del déficit cero, es absolutamente necesario someterse a las reglas que hagan posible este objetivo.
Tales reglas significan un cambio copernicano en el enfoque de la política fiscal. Así como el déficit cero significa que los gastos públicos deban subordinarse a los ingresos públicos, ahora viene la segunda y más difícil parte: que los ingresos se obtengan mediante impuestos que no ocasionen efectos destructivos ni paralizantes de la actividad privada.
Las reglas del déficit cero han sido minuciosamente estudiadas por una importante escuela de economía que se denomina "Public Choice", compuesta por varios economistas que obtuvieron premio Nobel, y que son las siguientes:
1. El Presidente de la República estará obligado a presentar anualmente al Congreso un presupuesto que proyecte gastos públicos exactamente iguales o inferiores a los ingresos públicos recaudables por impuestos.
2. El Congreso, tanto en el estudio inicial del presupuesto como en su aprobación posterior deberá actuar dentro de los mismos límites y cualquier propuesta que implique la generación de un déficit presupuestario será reputada como delito de defraudación social y los legisladores que lo voten serán personal y solidariamente responsables del mismo con sus bienes particulares.
3. En el caso de que las proyecciones del Presidente o del Congreso resulten erróneas y se produzca un déficit superior a los límites especificados, los gastos públicos se ajustarán automáticamente a la baja para restablecer el equilibrio proyectado dentro de un período menor a sesenta días.
4. Si se produce superávit presupuestario, los fondos obtenidos se destinarán a cancelar la deuda pública hasta extinguirla.
5. A partir de la sanción de esta enmienda constitucional, quedará prohibido a los funcionarios públicos de cualquier nivel o jurisdicción otorgar avales en nombre del Estado o contraer deuda pública excepto para renovar solamente y en idéntico monto, los servicios de amortización de las ya contraídas.
6. Estas disposiciones sólo podrán suspenderse en tiempos de guerra o graves cataclismos que deberá ser declarado por dos tercios de ambas cámaras y aprobado expresamente por el Presidente con acuerdo general de ministros. La declaración de emergencia expirará automáticamente al transcurrirse un año.
La Ciudad
