La presencia en Estados Unidos de entre 6 a 9 millones de indocumentados no sólo es un complicado problema político, sino que se ha transformado en una "gran amenaza para el orden y seguridad públicas", afirman algunos sectores críticos, sin perder de vista la complejidad que supone para la Administración del Seguro Social, institución que recauda los aportes para las pensiones de jubilación, para la cual la retención de unos 10.000 millones de dólares provenientes de los descuentos a los trabajadores indocumentados en los últimos años, supone "un quebradero de cabeza", según su directora de operaciones, Carmen Keller.
Los líderes demócratas en el Congreso enviaron esta semana una carta a los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, y de México, Vicente Fox, proponiendo una reforma a la ley de inmigración de 1986 que favorecería con permisos temporales de trabajo a los mexicanos.
El senador Tom Daschle y el congresista Richard Gephardt proponen una reformulación no discriminatoria de la ley de inmigración, que sea justa para los indocumentados y sus familias, dentro del principio de reunificación y protección de las fronteras.
Problemas de seguridad
El gran número de trabajadores extranjeros sin documentos crea problemas de seguridad para el tráfico. Millones de ellos conducen sin autorización ni seguro, que en caso de accidente originan un problema a las víctimas por la imposibilidad de compensar los daños.
En contra de la drástica ley de inmigración de 1986, los estados de Tennesse, Utah y Carolina del Norte han puesto en vigor medidas tolerantes que permiten desde mayo a los indocumentados obtener su licencia de conducción sin necesidad de disponer de la tarjeta de Seguridad Social. En California y Massachusetts se considera seguir ese modelo.
Los legisladores de Texas aprobaron en junio una ley que autoriza a aceptar las peticiones de los indocumentados a los programas de becas y ayuda para acceder a la universidad. La legislatura de California analiza similar proyecto.
En Washington DC las autoridades de salud han sorprendido recientemente a los activistas en favor de los extranjeros sin papeles, al aceptar en los programas de asistencia médica y emergencia a los extranjeros sin documentar el programa de atención para los niños de éstos.
El jefe policial de Minneapolis, Robert Olson, en vista del crecimiento de problemas de casos de extranjeros indocumentados y sin licencia de conducir, se pronunció en favor de la extensión del permiso a los extranjeros sin documentos.
"Este no es un problema de la violación de las leyes inmigratorias, es un problema de seguridad de tráfico", argumentó.
La ley de inmigración en 1986 trató de limitar el acceso a Estados Unidos con medidas drásticas para combatir a los indocumentados como la sanción a los empleadores que conceden trabajo a extranjeros sin papeles, limitar el acceso a la educación pública, atención médica y deportaciones con rápidos procesos administrativos.
El boom económico de los 90 flexibilizó en los hechos la ley de 1986, las grandes corporaciones y la agricultura necesitadas de mano de obra barata y rápida presionaron para eludir los draconianos controles. Se calcula que en los últimos años de la pasada década ingresaron un millón de inmigrantes anuales, la mayoría irregulares.
La inspección y apresamiento de indocumentados en los lugares de trabajo, como hoteles, restaurantes y otros servicios, dejaron de ser frecuentes en los últimos años como lo fueron después de 1986.
La Ciudad
