Varios jueces federales porteños, un fiscal, un defensor de casación bonaerense y un camarista platense le reclamaron ayer al gobierno que "respete el principio de jurisdicción universal" en el marco de la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos, y le exigieron al Congreso que cree la figura del delito de genocidio.
Además, los funcionarios judiciales le pidieron al Poder Ejecutivo que cumpla con sus obligaciones para que se lleven adelante procesos por el Derecho a la Verdad y que ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre "la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad".
Y, tras exigir que se depuren las fuerzas policiales y penitenciaras, denunciaron la "generalizada práctica de la tortura en todas sus formas en modo sistemático en el ámbito de las investigaciones policiales y el trato a los detenidos, muy especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se registra una situación de violencia estatal de neto corte autoritario".
Los firmantes del duro documento fueron los jueces federales Gabriel Cavallo (quien declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final), Rodolfo Canicoba Corral (quien instruye la causa que investiga un plan sistemático para apropiarse de hijos de desaparecidos y la investigación por el Plan Cóndor de represión a opositores a las dictaduras de América latina), y Jorge Ballestero, quien llevó adelante la causa por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa.
Los magistrados advirtieron que "en relación a los Juicios por la Verdad se observa el completo incumplimiento por parte del gobierno nacional del acuerdo suscripto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la OEA" en un caso particular, que permitiría "asegurar legislativamente la jurisdicción de la magistratura federal para aquellos juicios y la designación de fiscales específicamente encargados de promoverlos".
Principio universal
Insistieron además en "la necesidad de que todas las autoridades nacionales y provinciales (en especial el Poder Ejecutivo Nacional) respeten el principio de jurisdicción universal" de la Justicia, pero se mostraron satisfechos por el hecho de que la Argentina haya ratificado el establecimiento de la Corte Penal Internacional.
Además de Cavallo, Canicoba Corral y Ballestero, el documento fue refrendado por el camarista federal Leopoldo Schiffrin y el fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañón.
Además, le reclamaron al gobierno uruguayo que extradite a la Argentina a los jefes militares que están siendo investigados por delitos en el territorio argentino, y repudiaron "las actitudes del jefe del Ejército Ricardo Brinzoni" por "solidarizarse con las cúpulas militares responsables del terrorismo de Estado" ante la "complacencia del presidente de la República", Fernando de la Rúa.
"Reclamamos que la Cancillería argentina cese en su actitud obstruccionista, que consiste en retener por más de un año los pedidos de extradición y otras medidas requeridas por jueces extranjeros en causas en la que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad, y se les otorgue inmediatamente el curso correspondiente", dijeron.
La Ciudad
