El enfrentamiento que protagonizan la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, y los sindicalistas sumó ayer un nuevo capítulo al dictar la funcionaria una serie de resoluciones destinadas a asegurar "la transparencia" en el terreno gremial, que incluye la obligación de que los dirigentes presenten la declaración jurada de bienes. Por su parte, las cúpulas de las dos CGT, oficial y disidente, aprobaron ayer un paro con movilización durante este mes de agosto, aunque sin fijar el día, en repudio al ajuste.
Bullrich anunció oficialmente que desde ayer los gremialistas deben presentar una declaración jurada sobre su patrimonio, los sindicatos deben especificar en sus balances en qué gastan el dinero que les ingresa por sus afiliados y se pone en vigencia la incompatibilidad para cumplir funciones simultáneamente en la cartera laboral y en algún sindicato.
Las decisiones adoptadas por Bullrich fueron recepcionadas con naturalidad por los jefes de las dos centrales obreras, Rodolfo Daer y Hugo Moyano, ya que ambos dijeron que les parecía "bien" que en el campo sindical los dirigentes den cuenta de sus estados patrimoniales.
Sin embargo, las disposiciones de la cartera laboral movieron a Daer y Moyano a aprovechar la ocasión para disparar contra la ministra pero por otras cuestiones de su gestión y no puntualmente por la novedad.
Daer, quien está al frente de la CGT oficial, fue contundente al opinar que Bullrich "se convirtió en la vocera del establishment económico nacional e internacional" y dijo que la ministra también "debería reclamarles a las empresas privatizadas las ganancias que obtuvieron durante tanto tiempo".
A su turno, el camionero Moyano, lider de la central disidente, sostuvo que está "bien" que se trate de transparentar la situación económica de los sindicalistas, porque "no hay nada que ocultar".
Plan de salvación
En otro orden, las cúpulas de las dos CGT, oficial y disidente, aprobaron ayer realizar un paro con movilización durante este mes de agosto en repudio al ajuste económico que dispuso el gobierno y elaborar una propuesta de "salvación nacional".
La resolución no implica una huelga general, sino un cese de actividades para poder confluir en una manifestación de protesta.
Los dos sectores aprobaron igualmente la descripción de una iniciativa "política y económica de salvación nacional", en una implícita respuesta a la convocatoria de Raúl Alfonsín, que será elevada al gobierno, a los partidos políticos, a la Iglesia y a todos los sectores sociales, ya que la intención de los sindicalistas es convertirlo en un proyecto de ley.
La decisión fue adoptada ayer a la tarde por los máximos referentes de los dos sectores que conviven en la CGT luego de más de dos horas de deliberaciones, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de la calle Defensa al 400 de Capital Federal, en la que no participó Moyano.
Daer enfatizó que "frente a la ignorancia del gobierno de la Nación de la realidad de los argentinos y de escuchar solamente a los mercados, ante los cuales claudica en forma permanente, resolvimos constituir una comisión que elaborará una propuesta política y económica de salvación nacional".
La Ciudad
