Santa Fe.— Familiares de los tres pescadores asesinados el pasado mes de enero en una zona de islas aledaña a Reconquista se reunieron ayer con el subsecretario de Justicia de la provincia, Carlos Carranza, a quienes plantearon sus cuestionamientos a la investigación judicial y policial del caso y volvieron a reclamar que se investigue a nueve sospechados.
Además, los familiares denunciaron ante las autoridades provinciales haber recibido amenazas de muerte por formular tales críticas, por lo que se les asignó custodia policial.
El funcionario santafesino señaló a este diario "que en realidad (los parientes) me entregaron una copia de la presentación que realizaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia en la que solicitaron la comparecencia de algunas personas vinculadas al triple crimen".
Asesinados con saña
El brutal episodio ocurrió el 3 de enero en el sector ribereño conocido como el El Biguazal, cuando un pescador descubrió los cuerpos sin vida de Francisco Meza, de 59 años; de su hijo Rafael, de 29; y de Matías Bustamante, de 18, quienes pasaban un día de pesca y fueron asesinados por desconocidos que los atacaron con verdadera saña. Por este hecho se encuentra detenido e imputado Carlos Javier Cano, quien en una nota exclusiva con LA CAPITAL realizada en la alcaidía de Reconquista y publicada a principios de julio, sostuvo su total inocencia de los crimenes de los que está acusado.
Los familiares de las pescadores asesinados siguen sin entender por qué fueron atacados con tanta alevosía (a golpes y machetazos) y sin posibilidad de defensa, para ser despojados únicamente de un reloj pulsera que poco después fue hallado en poder de Cano. Por ello reclamaron que el juez de la causa, Jorge Galbusera, "administre justicia o que renuncie si es capaz de hacerlo".
Los parientes sostuvieron que han pedido al magistrado que indague a nueve sospechosos y que nunca obtuvieron ninguna respuesta. También denunciaron la existencia de lo que llaman "una red oficial y particular de encubrimiento, ocultamiento y destrucción de pruebas", así como "omisiones gravísimas en el accionar policial y judicial".
Los familiares también aseguraron que se han registrado testimonios falsos e irregularidades cometidas por la Subprefectura Reconquista en las actas de la causa y hasta llegaron a descalificar las autopsias realizadas por médicos policiales afirmando que los profesionales "omitieron consignar lesiones de importancia".