El juez Carlos Alberto Carbone procesó por administración fraudulenta a cinco personas, entre ellos el tesorero y una vocal de la Asociación de Martilleros de Rosario, acusadas de lucrar con las subastas judiciales digitando sus resultados. El magistrado aseguró que estas prácticas son viejas y reiteradas, consideró que constituyen un verdadero "flagelo" y dijo que ocurren, entre otras razones, por cierta desidia de quienes deberían otorgarle mayor transparencia a los remates, entre ellos los propios jueces que los tienen a su cargo.
Los procesados son los martilleros Amadeo Chaina, Rossana Elizabeth Fagnani y María Cristina Gioannini, y los particulares Roberto Raúl Cazzolino y Alberto Conde. A todos ellos se los acusa de integrar una liga de compradores de inmuebles mediante la planificación y ejecución de maniobras que incluyen desde el nombramiento digitado de martilleros hasta la adjudicación deliberada de los bienes rematados.
Según Carbone, el modo de operar de estas ligas consiste en eliminar la libre oferta de los interesados por diversos tipos de mecanismos, que "no siempre son lícitos".
Si bien la compra de bienes en un remate no constituye un delito, ni mucho menos, el juez sostuvo que la coacción, las intimidaciones, las exigencias ilegítimas a los posibles oferentes y otras maniobras por el estilo sí son ilegales.
Y esto es, aparentemente, lo que hacían Chaina y compañía. En el juzgado de Carbone hay una investigación sobre estos hechos desde 1998, aunque recién a partir de dos denuncias formales presentadas el año pasado y en abril de este año la causa se aceleró hasta llegar a estos procesamientos.
Carbone dijo que desde aquel momento hasta ahora la falta de transparencia de los remates continuó "inalterable", y atribuyó esta situación a la "ausencia de fuertes medidas" de control por parte de los organismos jurisdiccionales. Pero también endilgó responsabilidad a "la actitud pasiva" de los profesionales que actúan en los remates, a su falta de compromiso al estar ausente en muchos remates y a la "falta de imaginación" para construir requisitos que ayuden a otorgar transparencia a las subastas, como la oferta en sobre cerrado.
Dos causas, siete imputados
Estas consideraciones se repiten, calcadas, en dos resoluciones. En la primera Carbone procesó a Chaina, Fagnani, Gioannini y Cazzolino, y dictó la falta de mérito de Conde. En la otra procesó a Chaina, Fagnani, Cazzolino y Conde, y dictó la falta de mérito de la martillera Yolanda Lescano.
En la primera causa se les atribuye ofrecerle un arreglo a una mujer a quien le iban a rematar su casa, en Villa Gobernador Gálvez. Debían adelantarle 3 mil pesos y conseguir que una persona de confianza se presentara al remate y participara como oferente. Chaina le garantizaba dos cosas: que bajaría el martillo en favor de esa persona, y que luego conseguiría un crédito para pagar el monto de la subasta.
El otro caso es idéntico: Chaina y Fagnani pidieron 5.000 pesos para arreglar el remate de una casa en Alvarez Thomas al 1400 y permitir que la terminaran comprando sus propios dueños. Esto constituye un fraude contra los acreedores y también contra los oferentes, quienes participan de la subasta sin saber que el resultado ya está cantado. Y eso, dijo Carbone, constituye el delito de administración infiel.
La Ciudad
