| | Polémica en Colombia tras la suspensión de la fumigación de cultivos El gobierno criticó un fallo judicial que ordenó frenar las operaciones contra cocales en reservas indígenas
| Bogotá. - El ministro de Justicia colombiano Rómulo González criticó la decisión de un tribunal que ordenó suspender las fumigaciones de cultivos ilícitos ubicados en reservas indígenas de la Amazonia. "Se presentaron los recursos legales contra esa tutela, porque es improcedente desde el punto de vista jurídico y además, contraviene la legislación colombiana que ordena la destrucción de todo cultivo ilícito y sanciones para los cultivadores de la droga", expresó González. La semana pasada un juez de Bogotá ordenó la suspensión provisional de la fumigación, luego de que la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) alegara que el herbicida glifosato es perjudicial para su salud y el medio ambiente. Según el ministro de Justicia, los aviones empleados por la policía antinarcóticos "no están fumigando actualmente poblados o territorios de los indígenas" en la Amazonia, al sureste de Colombia. González aseguró que informarán al juez que actualmente se está cumpliendo la orden de suspensión dictada y que ayer fueron interpuestos recursos legales en contra la medida. La decisión judicial ha causado confusión sobre el futuro de la política antinarcóticos financiada en parte por Estados Unidos con 1.300 millones de dólares bajo el llamado Plan Colombia. El jefe de la policía antinarcóticos, general Gustavo Socha, había afirmado el martes que la fumigación aérea de cultivos de coca y amapola continuaba en los departamentos del Cauca y Nariño, en el suroeste de Colombia. Mientras el vocero del Departamento de Estado norteamericano, Charles Hunter, expresó que las fumigaciones, "componente clave del esfuerzo antinarcóticos", estaban suspendidas en todo el territorio colombiano. Frente a los alegatos de campesinos e indígenas sobre los efectos nocivos de la fumigación, el gobierno del presidente Andrés Pastrana ha dicho que, según distintos estudios, el glifosato es seguro para la salud. Las guerrillas izquierdistas y los grupos paramilitares de extrema derecha cobran "impuestos" sobre los cultivos ilícitos, que son la principal fuente de sus ingresos para su guerra contra el Estado colombiano. El gobierno en su intento por erradicar los cultivos está abocado en una agresiva campaña de fumigación. En este año la policía antinarcóticos ha fumigado más de 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos de las más 163.000 que se estimaban había sembradas en el territorio nacional el año pasado.
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