El directorio del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) salió al cruce de declaraciones críticas formuladas por dos de sus miembros. El organismo presidido por María Herminia Grande ratificó que "el grupo oferente conformó un consorcio" según un acuerdo consorcial firmado el 12 de febrero pasado.
"Decir que el grupo oferente no está constituido no tiene el menor sustento legal e implica desconocimiento en la conformación de consorcios para presentarse en licitaciones internacionales", disparó Grande a través de un comunicado con el que retrucó algunas acusaciones vertidas por los directores Ana María Brunet y Joe Petersen en un diario de la capital santafesina. "Mientras tramita el proceso licitatorio no es factible exigir la conformación de una sociedad que nuclee a los oferentes, ya que ese es el paso final que se exige una vez adjudicado el contrato", les respondió.
Brunet y Petersen habían considerado que el Enapro era una alternativa viable para la administración y explotación directa del puerto local, desde el punto de vista económico, comercial, institucional y legal. El directorio consideró que "es cierto, desde el punto de vista legal, que el Enapro pueda administrar y explotar el puerto de Rosario en forma directa o a través de un concesionario". Sin embargo, recordó que las cámaras a las que Brunet y Petersen representan (de Comercio Exterior y Actividades Marítimas, respectivamente) "jamás pusieron a consideración del Enapro, antes o durante el trámite licitatorio, algún plan integral de explotación del puerto en forma directa". Así puede leerse en el mismo comunicado, en el que se puntualiza que "en general, la actitud de ambas cámaras ha sido más obstructiva de los emprendimientos en marcha que constructiva".
A renglón seguido, el directorio del ente se comprometió a "evaluar la propuesta de explotación directa que dicen tener los directores" Brunet y Petersen.
Trascartón, se destacó que "sería interesante conocer si dichas cámaras van a aportar los más de diez millones de pesos que son necesarios para efectuar las obras de infraestructura básica, que el consorcio oferente deberá hacer obligatoriamente, si resulta adjudicatario del puerto, según lo exige el pliego".
Brunet y Petersen habían dejado entender que la Autoridad Portuaria de Tarragona no es oferente y que solamente tiene un compromiso de realizar el gerenciamiento de la concesión, por lo cual no sería susceptible de ser exigido por el Enapro en caso de que se adjudique el contrato al oferente.
"En principio, nadie ha dicho lo contrario en cuanto a que la Autoridad Portuaria de Tarragona no es parte del oferente", indicó Grande, antes de considerar que "no es correcto decir que el compromiso asumido por dicha Autoridad de gerenciar la concesionaria no pueda ser exigido por el Enapro".
Inmediatamente agregó que "eso es así teniendo en cuenta elementales pautas que rigen los procesos licitatorios. Si el oferente manifiesta y se obliga frente al Enapro a otorgar a la Autoridad Portuaria de Tarragona el gerenciamiento, y esa institución lo aceptó expresamente -como lo hizo a través del acuerdo consorcial- es plenamente exigible por el Enapro, porque constituye una obligación integrante de la oferta y su incumplimiento podría ser causal de sanciones al grupo oferente".
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La Ciudad
