El fiscal del crimen del obispo Gerardi debió huir de Guatemala por amenazas

El clérigo fue asesinado en 1998, después de denunciar al ejército por numerosas masacres

Ciudad de Guatemala.- El fiscal Leopoldo Zeissig, que dirigió la causa por el asesinato del obispo guatemalteco Juan José Gerardi, renunció "de manera irrevocable" a su cargo y salió del país por las amenazas de muerte recibidas, informó el fiscal General de la Nación, Adolfo González Rodas.
González Rodas indicó que recibió la carta de renuncia de Zeissig donde anuncia que deja su cargo y explica que se va del país por "problemas de seguridad" que han puesto en peligro su vida y la de su familia.
Un medio local divulgó que Zeissig salió el domingo del país rumbo a El Salvador y cita a allegados del fiscal que aseguran que no regresará por las constantes amenazas de muerte.
Desde antes del inicio del juicio, el fiscal contaba con seguridad especial debido a las constantes amenazas que recibía por el caso en que fueron acusados tres militares, un sacerdote y una empleada doméstica.
La jueza del caso, Jazmín Barrios salió del país la semana pasada también pero regresó el fin de semana alegando que solamente "tomaba unas vacaciones". Barrios fue víctima de varias amenazas e incluso, en dos ocasiones, desconocidos atentaron contra su vida.
El presidente del tribunal que tuvo el caso, Eduardo Cojulún Sánchez, anunció que él también estaba analizando si salía del país por las amenazas recibidas.
Durante la investigación, el juez Henry Monroy y un fiscal del caso, Celvin Galindo, abandonaron el país y el caso por las amenazas recibidas. Asimismo, varios testigos clave en el caso salieron de Guatemala para salvar su vida.
El juicio concluyó con la condena a 30 años de prisión contra los militares Byron Lima Oliva, Byron Lima Estrada y Obdulio Villanueva por el delito de ejecución extrajudicial. El sacerdote Mario Orantes fue condenado a 20 años de prisión por el delito de encubrimiento.
Gerardi fue asesinado en abril de 1998, poco después de presentar el informe de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), en el cual se señalaba al ejército como el mayor responsable de las masacres cometidas en esta nación durante la guerra civil que sufrió esta nación centroamericana. Los crímenes del ejército afectaron sistemáticamente a grupos indígenas, en lo que se consideró un verdadero intento de genocidio.