El gobierno trata de evitar alteración del orden

El gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Federal por presuntos delitos de alteración del orden público frente al plan de protesta con cortes de rutas anunciada por la denominada Primera Asamblea de Organizaciones Sociales, Territoriales y Desocupados.
La presentación realizada por el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, recayó en el juzgado federal a cargo de Jorge Ballestero, quien solicitó a la Nación y a las provincias urgente información sobre las medidas preventivas dispuestas para la jornada de hoy.
Ante el pedido de Ballestero, el Ejecutivo envió una nota a todos los gobernadores para solicitarle la información dispuesta por el magistrado.
El funcionario consideró en la presentación que dichas medidas se dispusieron "con el objeto que las autoridades legalmente constituidas no puedan seguir gobernando, entorpecer la convivencia pacífica y potenciar conmoción".
Mathov consideró que dichas acciones "traen aparejadas la comisión de diversas acciones delictivas como ser: alteración de orden público, intimidación, vulneración de derechos, apología del delito, utilización de armas de fuego contra las personas, impedimento a la libre circulación de bienes y personas, amenazas de muerte y atentados contra el orden constitucional y a la vida democrática".
Mientras tanto, el ministro del Interior, Ramón Mestre, se reunió ayer con su par de Trabajo, Patricia Bullrich, y los responsables de las fuerzas de seguridad para terminar de definir el operativo que desplegará el gobierno hoy, a fin de garantizar la libre circulación de las rutas durante los cortes que realizarán los piqueteros en más de 50 puntos del país.
Mestre y Bullrich terminaron de coordinar la estrategia gubernamental, que apunta fundamentalmente a "evitar actos de violencia, asegurar las libertades individuales y fundamentalmente garantizar el libre tránsito", según precisó el jefe de la Policía Federal, comisario general Rubén Santos, quien también participó del encuentro.
En la reunión, que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno, estuvieron también los jefes de la Gendarmería, Hugo Miranda, y de la Prefectura, Juan Beltritti.
Si bien Santos no quiso dar detalles del operativo, remarcó que la idea central "es tratar de evitar situaciones violentas y asegurar los accesos a la ciudad de Buenos Aires y a otros puntos donde se pueda desarrollar algún tipo de conflicto".
Santos dijo que se está trabajando "en una tarea de coordinación" con el resto de las policías del país "a los efectos de aprovechar los recursos humanos y asegurar la tranquilidad en todas las áreas".
Santos precisó que "la orden" del Ejecutivo para las fuerzas de seguridad es "asegurar la libre circulación en todo el país", en tanto que adelantó que "cuando se produzca algún tipo de corte que pueda obstaculizar las libertades individuales, con intervención judicial mediante, vamos a las tomar medidas que la autoridad judicial considere necesario".
Fuentes oficiales aclararon que cada provincia tomará sus "recaudos" en forma independiente para garantizar la transitabilidad de las rutas, pero dijeron que tanto los gobernadores como los jueces pueden requerir la intervención de fuerzas federales en caso de ser necesario.
Mientras Bullrich insistió en que su cartera tendrá "las puertas abiertas para dialogar si se cambia la metodología", su segundo, Horacio Viqueira, rechazó que "se reprima a quienes ejercen sus derechos".