Isolda Baraldi Pablo Procopio
La problemática de los remates de viviendas irrumpió con fuerza en la Justicia provincial. El propio presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, mostró ayer su preocupación ante la grave situación social producida por la ejecución de propiedades y recibió en su despacho al presidente de la Asociación para la Defensa de la Vivienda Unica (Adevu), Marcelo Bonini, quien le solicitó la suspensión de las ejecuciones por un año. Según los miembros de la organización, en la ciudad y su zona de influencia hay un promedio de 5,7 inmuebles que se rematan por día, mientras que en el conjunto de la provincia la cifra alcanza a 19,2. "La organización lleva una lucha muy loable y compartimos la preocupación para que la gente no pierda sus viviendas", señaló Gutiérrez, al tiempo que prometió hablar con los jueces para que apelen a la vía de la negociación en pos de evitar las subastas.
El dirigente de Adevu aseguró que las cifras de la cantidad de remates diarios fue tomada del boletín oficial de los Tribunales provinciales, donde se publica el cronograma de ejecuciones judiciales en la segunda circunscripción, con cabecera en Rosario. Más aún, aseguró que el porcentaje mayor de las ejecuciones obedecen a la categoría de "apremios"; es decir, garantías que no pueden responder a las deudas contraídas; en segundo lugar se ubican las ejecuciones por créditos de diversos tipos y finalmente aquellos que lo hacen por quiebras.
"Se tomaron en cuenta las propiedades en zonas urbanas y rurales; también aquellos negocios o comercios que incluyen los hogares, y son cifras escalofriantes", disparó Bonini, y agregó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), presentó al menos 70 mil demandas. Más de un centenar de damnificados acompañaron a la organización en los Tribunales provinciales, para pedir que el presidente de la Corte tome cartas en el asunto.
Al finalizar la reunión, Gutiérrez aclaró que no es resorte del Poder Judicial prorrogar o suspender los actos de subastas públicas. "En esas cuestiones puede intervenir el Poder Legislativo, pero podemos hablar con los jueces para que intenten acercar a las partes a fin de llegar a nuevos acuerdos o pactos y evitar los remates", sugirió el magistrado.
Sin embargo, remarcó que las nuevas instancias de refinanciación o renegociación de deudas deben ser acordadas por las partes y no pueden ser impuestas por las autoridades judiciales.
El presidente de la Corte admitió que el proceso de los remates también tuvo ribetes de ilegalidad. "Supuestamente estaba el zorro adentro del gallinero", disparó, al tiempo que llamó a aportar pruebas en la causa que se tramita por presuntas mafias que se movían alrededor de los remates.
Además, reconoció que la Justicia está evaluando distintos ámbitos para que se realicen las subastas y darle "mayores garantías" a todos los que participan en el proceso. Entre los sitios evaluados figura la sede de la Gobernación y los propios Tribunales, donde ya se realizan algunos remates.
"Queremos que se termine este proceso social de expulsión salvaje de las personas de sus viviendas", afirmó Bonini, al tiempo que aseguró que existe entre los damnificados una "gran voluntad de pago".
El dirigente se mostró muy conforme con la reunión y comentó que el propio Gutiérrez se ofreció como mediador para un futuro encuentro con Carlos Reutemann.
"También los legisladores deben intervenir, ya que este tema incluye una grave problemática social, y debe primar el sentido humano", instó Bonini.
En noviembre el diputado justicialista Carlos Bermúdez presentó un proyecto para que se suspendieran por dos años los remates. En ese entonces el legislador estimó en cien mil los inmuebles que podrían salir a subasta. En la norma, el diputado pedía que se declarara una emergencia provincial que contemple los inmuebles únicos, urbano o rurales, destinadas a las necesidades de sustento y vivienda familiar que se encuentren en proceso de ejecución judicial.
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La Ciudad
