El gobierno nacional no logró ayer convencer a los piqueteros para que levanten los cortes de rutas anunciados para el martes próximo, ni tampoco modificar la metodología de la protesta, pero advirtió que garantizará "que todos los ciudadanos puedan circular" libremente.
La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, mantuvo anoche una larga reunión de más de dos horas con los representantes de los piqueteros para persuadirlos que dejen sin efecto una protesta que las autoridades temen que pueda desembocar en graves incidentes.
Como no logró persuadirlos, a pesar de haberles planteado que "los cortes de rutas son lesivos de otros derechos" y de pedirles que "se expresen de otra manera", señaló luego de terminada la reunión que "el gobierno ha notado un cambio en la organización" de los desocupados, motivo por el cual "ha considerado tratar este tema no ya como cuestiones aisladas, y que éstas decisiones deben tratarse en los ámbitos políticos".
"Les hemos planteado que el límite que tiene el gobierno es el de cometer modelos de protesta que avasallan derechos de terceros, y que el corte de ruta no puede ser considerado para plantear reivindicaciones políticas", dijo Bullrich, tras lo cual manifestó en forma tajante: "Vamos a resguardar los derechos de terceros", y el gobierno nacional garantizará "que todos los ciudadanos puedan circular".
Por su parte, uno de los líderes piqueteros, el concejal de La Matanza Luis D'Elía, ratificó la realización de la medida y evaluó que la reunión con la funcionaria "legaliza y legitima la protesta".
D'Elía aclaró que no es intención de los manifestantes "perjudicar a los pequeños comerciantes, productores y a los trabajadores", por lo que, si bien pretenden que los piquetes "sean masivos", aclararon que "todos los cortes que llevemos adelante van a tener alternativas de paso a dos o tres cuadras".
Los piqueteros solicitaron a Bullrich la liberación de "los compañeros presos" así como "la derogación completa del ajuste", al tiempo que llegaron a un acuerdo para que "no se reprima" durante la protesta.
"La ministra se ha comprometido a no judicializar el conflicto social", señaló D'Elía, quien dejó abierto el diálogo con el gobierno de Fernando de la Rúa si éste cumple con los requisitos planteados.
Mestre, por la libertad de las personas
En consonancia con Bullrich, el ministro del Interior, Ramón Mestre, aseguró que si bien el gobierno garantiza que las personas puedan expresar públicamente sus protestas, "de ninguna manera" se permitirá que "se coarte la libertad de otras personas".
"Nuestra función es custodiarlos, permitir que cada uno pueda expresarse en libertad, pero que de ninguna manera se coarte la libertad de otras personas", enfatizó Mestre, para quien la acción de los piqueteros tiene un trasfondo más político que el mero reclamo por falta de empleo.
En ese contexto, Mestre analizó durante la jornada el operativo de seguridad que se desplegará. Con la finalidad de ponerlo a punto, en las últimas horas mantuvo reuniones con el ministro de Justicia, Jorge De la Rúa, y el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov.
Pero los piqueteros, que planean realizar los cortes en importantes vías de comunicación el próximo martes por 24 horas en unas cincuenta localidades de todo el país en contra del ajuste económico, replicaron que en realidad es el gobierno el que actúa "ilegalmente" al haber dispuesto reducciones de salarios y haberes jubilatorios que están reñidos con las leyes vigentes.
Incluso adelantaron que si sus reclamos son ignorados por la administración central tienen previsto lanzar una medida similar, pero por 48 horas, el martes 7 de agosto, la que volverían a repetir una semana después pero por tiempo indefinido.
Uno de los dirigentes de la Corriente Clasista Combativa, Juan Carlos Alderete, advirtió ayer que estará junto a su familia "poniendo el pecho". Luego desafió a las autoridades: "Si se da la represión, que tiren las balas y que me maten".
Por su parte, otro de los organizadores de los piquetes, el concejal D'Elía, confirmó la realización de alrededor de medio centenar de cortes de caminos y rutas, pero aseguró que se mantendrán abiertos los principales accesos a las ciudades para "no ponerse en contra a la sociedad".
Desde el gobierno, mientras Bullrich intenta conservar un perfil dialoguista, otros sectores volvieron a expresarse con dureza. Así, el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, calificó a la anunciada protesta como un acto "casi de insubordinación cívica".
En tanto, el portavoz del presidente Fernando de la Rúa, Juan Pablo Baylac, consideró -en respuesta al dirigente Alderete- que "no se trata de ponerle el pecho a las balas, porque no va a haber balas, sino a la ley".
Paralelamente, el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, advirtió que el gobierno "va a actuar" contra los piqueteros que "vulneren las leyes", por lo que éstos deberán "asumir la responsabilidad ante los jueces por los hechos cometidos", aunque no quiso anticipar qué mecanismo preventivo se está preparando para evitar incidentes.
La Ciudad
