El día posterior al fallido tratamiento del ajuste fiscal, los senadores justicialistas y radicales coincidieron en la necesidad de cambiar el proyecto de ley para que pueda ser aprobado y se dedicaron a evaluar diferentes alternativas a fin de garantizar un piso de 1.000 pesos para el recorte a las jubilaciones.
Aunque por vías separadas y todavía sin una articulación formal entre ellos, oficialismo y oposición dejaron atrás el debate en torno de la posibilidad de que la iniciativa sea sancionada tal como la remitió Diputados y empezaron a transitar el camino tendiente a llegar a un acuerdo global que asegure su sanción en las dos Cámaras parlamentarias.
Pero el gobierno siguió presionando para que el Senado apruebe el proyecto sin modificaciones. Y sólo aceptó la posibilidad de que los cambios sean viabilizados a través de una ley complementaria a la del ajuste fiscal.
En la UCR, la evaluación del nuevo escenario diseñado tras la imposibilidad de debatir el ajuste en la sesión del miércoles se inició esa misma noche en la Casa Rosada, en una cena que compartieron miembros de la bancada con el presidente Fernando de la Rúa, los ministros de Trabajo, Patricia Bullrich, y de Interior, Ramón Mestre.
Hasta allí concurrieron Mario Losada, Jorge Agúndez, Raúl Galván, Luis Molinari Romero, José García Arecha, Javier Meneghini y Juan Altuna, quienes le transmitieron a De la Rúa que la única forma de perforar la resistencia del PJ y de parte del propio bloque radical es a través de la modificación de la norma. Funcionarios y legisladores empezaron a puntear en el papel algunas variantes de cambios.
Insistencia del gobierno
Pese a ello, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, se comunicaron ayer con Altuna e insistieron con la posibilidad de una ley complementaria para que el ajuste no vuelva a Diputados y para poder ponerla en vigencia a partir de agosto (aspiran a una votación sucesiva en ambas Cámaras para el martes 31 de julio).
La evaluación fue transmitida luego al conjunto del bloque. No tuvo buena acogida la propuesta de una ley complementaria y sí la idea de intentar cubrir con variantes nuevas el bache que implica elevar a 1.000 pesos el piso del recorte jubilatorio.
El encuentro fue muy tenso. Hubo reclamos para actuar con "disciplina partidaria", expresión que algunos (como Leopoldo Moreau) interpretaron como un mensaje para ellos y manifestaron su malestar, lo cual demostró que las divisiones internas subsisten.
Por la tarde, una docena de senadores radicales realizó consultas con el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, y el líder del centenario partido, el ex presidente Raúl Alfonsín.
El respaldo que fueron a buscar los legisladores estuvo acompañado por la convicción de que el único margen de cumplir con la premisa de la UCR es definir una garantía clara del piso jubilatorio. En el radicalismo, a diferencia del PJ, contemplan alternativas para lograr el déficit cero sólo a través de la reestructuración de los recortes.
Según el cálculo aportado desde la Secretaría de Hacienda, el bache que se generaría por elevar el piso de la poda jubilatoria rondaría los 40 millones de pesos mensuales, una cifra que los senadores entienden puede ser obtenida de otro modo.
La Ciudad
