La Defensoría del Pueblo se muda. La repartición provincial dejará de funcionar en la tradicional casona de la esquina de Alvear y Montevideo y, en unos dos meses, se irá a las instalaciones donde tradicionalmente estuvo la delegación local de la Cámara de Senadores (pasaje Juan Alvarez 1615). Será una manera de ahorrar el costo del alquiler que paga actualmente la Defensoría.
El Poder Ejecutivo de la provincia dispuso promulgar la ley Nº11.890 sancionada por la Legislatura mediante la cual dispuso afectar ese inmueble para uso e instalación de la Defensoría.
El gobierno provincial deberá, además, garantizar la disponibilidad de espacios suficientes para el desempeño de las funciones del personal de la cámara de Senadores que todavía se encuentra prestando servicios en ese ámbito.
Los cambios ya empezaron a notarse. Los empleados que desarrollan sus tareas en el Centro de Asistencia a la Víctima por la mañana y al Centro de Mediación, a la tarde, en un domicilio ubicado enfrente de la Defensoría, ya se mudaron a las instalaciones de la sede local del Senado. Se trata de agentes administrativos, abogados, psicólogos y un médico.
Pero para que se traslade el resto de las dependencias será necesario remodelar el sótano del inmueble ubicado en el pasaje Juan Alvarez que, sin embargo, ya cuenta con un cartel que anuncia la llegada de la Defensoría del Pueblo.
Todo en un mismo lugar
Uno de los hechos positivos que acarreará el cambio es que, a partir del momento en que se concrete la mudanza en forma total, se podrán cumplir todas las tareas que se realizan en la Defensoría, en un mismo espacio y no como en la actualidad, ya que se están alquilando dos casas.
La decisión del traslado obedece al interés del gobierno de Carlos Reutemann de ahorrar en determinados gastos. La renta de dos edificios resulta onerosa. En tanto, se estima que el traslado total podrá recién concretarse dentro de dos meses, cuando queden finalizadas algunas reparaciones necesarias en el sitio que ocupa la sede local de la cámara Alta.
No obstante, según reglamentó el gobierno santafesino, la Cámara de Senadores podrá solicitar la devolución del inmueble a la Defensoría, cuando lo estime conveniente.