El gobierno provincial decidió apurar la sanción de una ley de "Compre santafesino", para beneficiar a las empresas locales que participen en licitaciones y contrataciones del Estado. El gobernador Reutemann, que hasta ahora dudaba sobre la conveniencia del sistema, cambió totalmente de postura luego de que se sancionaran leyes similares en Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal.
Así lo confirmó el ministro de Producción, Miguel Paulón, durante la visita que realizó días atrás a la Cámara de Senadores para presentar el borrador del proyecto de compre provincial que el gobierno enviará próximamente a la Legislatura. El cambio de postura sorprendió a los legisladores ya que en ese ámbito se vienen debatiendo varias iniciativas que tienden a favorecer a los proveedores locales del Estado, sin la venia de los funcionarios del Ejecutivo.
Según explicó Paulón, la falta de entusiasmo del gobierno provincial en una ley de compre santafesino -más allá de las adquisiciones realizadas a General Motors y Jinarg- tenía que ver con el temor de que las otras provincias tomaran represalias, afectando la participación de firmas de Santa Fe en las compras de otros Estados de interior. Esa posición varió cuando Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal se adelantaron al sancionar sus propias leyes de compre provincial.
En ambas cámaras de la Legislatura santafesina se encuentran varios proyectos, que en un primer momento no contaron con la simpatía de la Casa Gris. El eje fundamental de la iniciativa que promueve el Ejecutivo, expresó Paulón, tiene por objetivo favorecer la participación de empresas y organizaciones santafesinas, principalmente pymes, en las compras y contrataciones que realice el Estado provincial y, eventualmente, las municipalidades y comunas que adhieran.
Su principal aporte es la ventaja que tendrán las empresas radicadas en la provincia de recotizar sus propuestas originales, pudiendo igualar aquellas ofertas mejores, siempre y cuando estén dentro de la diferencia admitida por la misma ley.
De acuerdo a lo esbozado por el ministro, la diferencia entre el proyecto del gobierno y los que están siendo debatidos en la Legislatura es que apunta a minimizar el costo fiscal de la ventaja que se otorga a las empresas santafesinas. "Se trata de que el Estado provincial no pague cifras superiores por los bienes o servicios que necesita contratar", señaló Paulón, y destacó que de esa forma "se otorga igual jerarquía a la política de promoción de las actividades económicas en nuestro territorio, como a la necesidad de resguardar el equilibrio fiscal provincial".
En el borrador del proyecto se determina que para las compras y adquisiciones de productos, bienes y servicios por parte del Estado, las empresas de origen provincial podrán recotizar sus propuestas originales, igualando o mejorando el ofrecimiento, de acuerdo a proporciones del 5%, cuando los productos sean originarios de a provincia, o del 2,5% cuando, siendo de otras latitudes, se comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en territorio provincial.
En materia de licitaciones de obras públicas, el proyecto establece que cuando en los proyectos a contratar existan diferentes alternativas técnicamente viables, se elegirán preferentemente aquellas que permitan la utilización de materiales y productos que puedan ser abastecido por industria provincial o desarrolladas por ellas para tal fin.
Santafesina de veras
El proyecto define a la empresa santafesina como la empresa u organización industrial, de construcción o proveedora de servicios, que haya sido creada o autorizada a operar de conformidad con las leyes de la provincia, que tenga su domicilio legal y un asiento de producción en la Santa Fe, con un mínimo de 12 meses de residencia anterior al llamado a licitación o compra.
Según lo señalado por el senador Hugo Fermani, la provincia tiene idea de definir en forma amplia a la empresa local para no caer en excesivas regulaciones. "La idea es darle un margen de flexibilidad ya que hoy por hoy se puede fusionar una empresa santafesina con una de Córdoba o de otra provincia para la construcción de una obra pública", apuntó.
Agregó que "otro caso que se puede dar es que las empresas tengan en Santa Fe la planta industrial y el domicilio comercial lo tengan en la Capital Federal". En ese caso, "se puede incurrir en el error de definir a una empresa como local y resulta que aquí tenemos la producción pero la administración está en otro lado".
Fermani admitió que los tres proyectos que se encuentran en la Legislatura son más reguladores mientras que la provincia dentro del marco de lo que es la Región Centro trata de ser mucho más flexible para evitar colisiones.
Justamente, en el articulado del borrador se establece que "cuando la dimensión de las medidas generen beneficios económicos a la región en su conjunto, el Ejecutivo podrá modificar los beneficios establecidos en la presente ley, a condición de reciprocidad".
La Ciudad
