Los diputados del oficialismo y el gobierno volvieron a cruzarse peligrosamente durante la última semana, en medio de un tenso clima político que sacudió, una vez más, a la debilitada economía argentina que intenta salir de terapia intensiva.
El séptimo ajuste dispuesto por la administración de Fernando de la Rúa está jaqueado por los mercados, que esperan señales claras de legisladores (tanto del oficialismo como de la oposición) y de funcionarios para alcanzar acuerdos que no sean temporarios y que garanticen la gobernabilidad del país. Consenso político para las medidas que se apliquen desde el Ministerio de Economía es lo que se pide, no sólo en la Argentina sino en el exterior.
De la Rúa recibió tantos apoyos como claros mensajes de que el país se deberá arreglar por su cuenta para llegar al déficit cero y que no habrá más ayuda. En otras palabras, que el crédito sigue bien cerrado.
Una semana atrás, el jefe de gabinete Chrystian Colombo anunció un duro ajuste que sacudía con más fuerza a los jubilados y empleados públicos, tras delicadas negociaciones con los gobernadores peronistas para obtener un respaldo al déficit cero.
El ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien ideó el ajuste, debió retirarse a un segundo plano de la exposición política a raíz de sus constantes choques con los mandatarios provinciales y legisladores.
Así se gestó y se firmó el lunes el acuerdo con los gobernadores de la oposición.
Pero la intransigencia de Cavallo debió dejar lugar a una delicada negociación con los diputados de la Alianza, especialmente los radicales, tendientes a respaldar a través del Congreso los recortes de gastos.
Así la atención se centró en poder elevar el piso de 300 pesos que se había impuesto para ajustar los ingresos de jubilados y estatales. La puja entre la Rosada y la UCR quedó expuesta.
La Cámara de Diputados aprobó finalmente durante la madrugada de ayer, después de una prolongada y agitada sesión, llevar ese piso a 1.000 pesos, aunque estará atado a un aumento en la recaudación impositiva que llevará tiempo y no poco esfuerzo.
Colombo salió a aclarar rápidamente que la base de los descuentos se eleva a 500 pesos y que lo demás quedará condicionado a la recaudación, pese a que los diputados aseguran que con la futura ley habrá plata suficiente para llegar a los 1.000 pesos, lo que mantiene abierta la pulseada con los legisladores.
Unos y otros
Ahora, la iniciativa pasó al Senado, donde los peronistas amenazan con darle nuevos dolores de cabeza al gobierno. Está claro que el principal partido de la oposición sigue inmerso en una profunda crisis interna, donde gobernadores, legisladores y sindicalistas sólo tienen en claro que deben intentar una convivencia lo más normal posible y cerrar fuerzas frente al gobierno, con la mira en las elecciones de octubre próximo y las presidenciales del 2003.
El paro nacional realizado el jueves, el sexto contra De la Rúa, no cambiará nada. Los caciques gremiales de las dos CGT y la CTA intentaron ponerse al frente de la protesta por los continuos ajustes, pero sus imágenes están muy devaluadas como para lograr consenso social.
Por otra parte, el acuerdo en el Congreso nacional estuvo atado a lo que sucedía en la legislatura bonaerense, tras una jugada política que tuvo las manos del gobernador Carlos Ruckauf y Eduardo Duhalde, en procura de lograr apoyo de la Alianza para el recorte de gastos y la creación de un bono, el Patacón, para poder pagar a los empleados públicos.
Ruckauf, con el agua al cuello por las finanzas de la provincia a raíz de deficiencias de su administración y la de su antecesor, aprovechó la pelea interna de la Alianza para sacar provecho propio.
Los mercados, que esperaban un acuerdo político generalizado, dieron una buena señal el viernes, luego de una jornada anterior donde reflejaron la preocupación por la falta de un pronto entendimiento.
Es probable que el nuevo ajuste provoque una mayor recesión y que se sacuda aún más a la debilitada clase medida con las medidas impositivas, pero el gobierno está dispuesto a pagar ese costo. No encuentra otra salida.
Los Estados Unidos, el FMI, los principales países europeos inversores en la Argentina y hasta la poderosa cumbre de los líderes políticos del Grupo de los 8, salieron en respaldo de las medidas adoptadas por De la Rúa.
Al llegar a Génova para participar en esa cumbre, el secretario de Estado norteamericano Colin Powell fue muy claro: le deseó el mayor éxito al presidente argentino, en nombre de su país, pero dijo que las soluciones deberá buscarlas en casa.
Más allá de la importancia de esas adhesiones, nadie duda que son una muestra de la grave crisis que afronta el país y de las debilidades que pone de manifiesto el gobierno nacional.
Una caída de la Argentina sería catastrófico para la región y terminaría arrastrando al Brasil.
Es indudable que De la Rúa está bajo presión interna y externa y ahora deberá "arreglárselas" para que su gobierno y la Alianza (sobre todo el radicalismo) puedan convivir en un año cargado de problemas. No tiene otra opción.
La Ciudad
