La ex subsecretaria de Estado Alicia Pierini y la ex embajadora Alicia Martínez Ríos viajaron a Estados Unidos para presentar un recurso ante la OEA por la liberación del ex presidente Carlos Menem. Paralelamente, el senador Eduardo Menem anunció que denunciará al juez federal Jorge Urso por el delito de prevaricato. Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli solicitó a la Justicia cordobesa la inhibición en la causa por la explosión en la Fábrica Militar de Río III y que esa causa pase al fuero federal porteño.
Pierini, ex subsecretaria de Derechos Humanos, y Martínez Ríos viajaron a Washington en la noche de anteayer y ayer tuvieron su primera audiencia con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante quienes denunciarán que consideran a Menem un "rehén" político.
En tanto, el senador Menem dijo en rueda de prensa con las agencias de noticias que "el juez Urso cometió un prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) evidente al analizar las pruebas" que pesan contra el ex presidente en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
Luego agregó que "Urso falsea la verdad, miente. Yo lo voy a denunciar por prevaricato en el auto de procesamiento a Carlos Menem", quien cumple arresto domiciliario desde el 7 de junio último, procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría traficado armamento.
A su turno, Oscar Roger (abogado defensor del ex presidente) anunció que junto a su colega Oscar Salvi promoverá acciones contra el juez en dos frentes: si Urso insiste en investigar a Menem por enriquecimiento ilícito, los abogados recurrirán a la Cámara y al Consejo de la Magistratura para plantear que el ex mandatario ya fue sobreseído por ese delito.
Además, denunciarán ante el Colegio de Abogados las restricciones "netamente totalitarias" que impuso el magistrado al régimen de arresto domiciliario que cumple Menem en una finca de Don Torcuato, propiedad de su amigo Armando Gostanián.
Todo a Capital Federal
En otro orden, el fiscal Stornelli solicitó ayer la inhibición de la Justicia de Córdoba en la causa por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero y la remisión de las actuaciones de ese caso a la Justicia federal porteña, porque entiende que está íntimamente vinculado con la venta ilegal de armas.
Fuentes judiciales dijeron que Stornelli -quien pretende incorporar las investigaciones de Río Tercero a la causa por la venta ilegal de armas que se tramita en Buenos Aires- hizo la correspondiente presentación ante el juez Urso.
Las fuentes señalaron que el fiscal considera que los elementos existentes en la causa de la explosión de la fábrica de Río Tercero -ocurrida en 1995- le permiten sospechar que el hecho fue intencional y habría estado destinado a "ocultar" la venta ilegal de armas.