El ajuste en el sector público impulsado por el gobierno ha logrado que se inviertan los roles en el Congreso, donde la mayoría aliancista en Diputados promete una resistencia más dura que el justicialismo en el Senado. En parte la alteración de papeles se desprende del malestar que embarga a radicales y frepasistas por la escasa atención que prestó el gobierno a sus propuestas de "déficit cero con equidad social", y del alineamiento de los senadores del PJ con las decisiones de sus gobernadores.
En el oficialismo se realizaron una serie de reuniones informales para analizar qué actitud adoptar ante los tres temas que el Ejecutivo prevé enviar para su aprobación al Congreso: la eliminación de exenciones del impuesto a las operaciones bancarias, la inclusión del personal legislativo y judicial en los términos del recorte y el cambio en el criterio de aplicación del IVA.
De los encuentros en la Cámara baja participaron los frepasistas Darío Alessandro, Rodolfo Rodil, Carlos Raimundi, Irma Parentella, Alejandro Peyrou y Fernando Melillo, y de lado radical Horacio Pernasetti, Jesús Rodríguez y Eduardo Santín, entre otros.
Básicamente las posturas que se analizaron fueron dos. La primera, no aprobar los proyectos que envíe el Ejecutivo como demostración de fuerza política ante lo que interpretaron como un desaire del presidente Fernando de la Rúa cuando anunció el paquete propuesto por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, sin los complementos que ellos le elevaron.
La segunda, más conciliadora, sería modificar los proyectos para incluir algunas de las iniciativas que había elaborado la Alianza a instancias del alfonsinismo y del Frepaso.
En este marco, la idea sería incluir un artículo en el cual se establezca que las AFJP deben derivar al Estado el 25 por ciento de las comisiones que perciben, durante un período de 180 días.
Según la evaluación que hacían Santín y el senador Leopoldo Moreau, con esta modificación se pueden recaudar 200 millones de pesos, el monto necesario para que ninguna jubilación, cualquiera sea su valor, se vea afectada por el ajuste.
La otra variante sería establecer la obligatoriedad para las empresas de servicios de abonar aportes patronales en una proporción de cuatro por ciento, con lo cual se podrían recaudar 1.000 millones.
"Lenguaraz de Cavallo"
Mientras, un grupo de diputados radicales criticó al secretario Legal y Técnico de Economía, Alfredo Castañón, quien había acusado a Moreau, Raúl Alfonsín, Federico Storani y Raúl Alconada Sempé de "tener parte" de la responsabilidad en la suba de las tasas de interés.
"Castañón es un lenguaraz de Cavallo. Lo que debe hacer este señor es explicar el fracaso del tan publicitado megacanje, que sólo fue negocio para los amigos que cobraron la megacomisión y que no es más que la continuación de un plan sistemático para llevar al país a la ruina", afirmaron los legisladores.
Así se refirieron en un comunicado los diputados nacionales Miguel Mastrogiácomo, Graciela Gaztañaga, Ricardo Vázquez y Margarita Stolbizer, quienes exhortaron al funcionario a que "abandone su escalada mediática en pos de favorecer a los grupos concentrados de la economía".
La Ciudad
