El martes 10 de julio merecería recordarse como el día en que le cortaron el crédito al Estado argentino, porque en la licitación de Letras del Tesoro (Letes) los banqueros informaron que esa era la última vez que colocaban en bonos públicos el dinero de sus depositantes. Ellos temían, razonablemente, el riesgo de corridas bancarias si prestaban un sólo peso más a un gobierno incapaz de ajustar sus cuentas.
Ante la desesperación del ministro de Economía, Domingo Cavallo, los banqueros pidieron tasas tan altas que en cinco años duplican la deuda, acortaron el plazo a tres meses y llegaron a reclamar una garantía cruzada de manera que el incumplimiento en cualquier título público inmediatamente haría exigibles las letras no vencidas.
Al perder el crédito interno, el gobierno argentino entraba automáticamente en default porque no podría disponer de dinero suficiente para pagar un déficit que crece a razón de mil millones mensuales. Ese mismo día martes, simbólicamente quebró el Estado y se agotó el modelo económico que se fue desarrollando en diez años de gobierno menemista. Se trataba de un modelo económico sui generis, de ninguna manera comparable con el capitalismo americano que privilegia la competencia franca y abierta; ni con el capitalismo germano que se apoya en una economía con responsabilidad social; ni con el capitalismo feudal japonés centrado en la protección social que las empresas ofrecen a sus trabajadores y en la lealtad absoluta que ellos mantienen hacia quienes le dan trabajo; ni con el capitalismo nacionalista canadiense que ha sabido conservar la autonomía de decisión a pesar de vivir próximos a un país tan poderoso y expansivo como Estados Unidos.
El modelo económico menemista, instalado en la década del 90 contó con el apoyo irrestricto de los mismos dirigentes sindicales que ahora desatan airadas protestas contra el ajuste del gasto público que ellos usufructuaron. Entre otros, ese modelo económico tuvo los siguientes atributos:
1º) Privatizó empresas públicas garantizándoles rentabilidades fantásticas, con mercados cautivos en un régimen de monopolio.
2º) Generó una nueva clase que tomó por asalto al Estado, que comenzó a enriquecerse con las privatizaciones, se aseguró la continuidad en los cargos con el pacto de Olivos y financió sus gastos con el dinero de la deuda pública.
3º) Esa nueva clase política hizo crecer 90% el gasto público, que hoy llega a 98,5 mil millones incluyendo intereses de la deuda, mientras que en el mismo período sólo aumentaba 40% el producto bruto.
4º) Cuando se acabó el dinero de las privatizaciones y disminuyó el crédito externo, pasaron a financiar gastos extravagantes con impuestazos, que terminaron destruyendo las empresas nacionales y empobrecieron la clase media.
A lo largo de los años, este proceso fue enmascarado con reiteradas mentiras oficiales acerca del déficit real de las cuentas públicas y la complicidad del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aceptaba como metas globales lo que sólo eran datos dibujados del fisco nacional, ocultando las desastrosas finanzas de las provincias y municipios.
Sin créditos internos ni externos y con las recaudaciones en baja, este inoperante gobierno no tuvo más remedio que limitarse a gastar el dinero recaudado aplicando una elemental regla aritmética. Por eso se vieron obligados a dictar medidas de contención del gasto para lograr el déficit cero.
La propia alianza gobernante, por intermedio de su jefe Raúl Alfonsín, intentó dar un golpe de mano para impedir este ajuste, pero la bofetada internacional que inmediatamente recibieron les obligó a reconocer la realidad. Hasta ahora el plan sólo propone gastar lo que se tiene, pero todavía no reconoce que se gasta mal, y que éste es el problema más serio, porque es irracional recortar -en idéntica medida- el salario de un policía que expone su vida y el del ñoqui que cobra sin trabajar o equiparar los magros sueldos cobrados por el médico del hospital público con las cifras obscenas que gana, por acomodo político, el jubilado de privilegio.
Este modelo menemista de capitalismo corporativo, prebendario y sin reglas morales, es el que quedó definitivamente agotado el martes 10 de julio cuando el Estado argentino cayó en bancarrota.
Cómo lograr el déficit cero
Ahora que el ministro Cavallo ha tenido que purgar sus pecados de soberbia, asumiendo la actitud humilde de reconocer la realidad y ahora que el presidente De la Rúa quedó despojado de la absurda imagen de hombre enérgico y decidido creada por desaprensivos publicitarios, apareciendo tal como es: un hombre sin carácter, apático e influenciable, ahora es el momento justo para que ambos se decidan a justificar sus vidas, sancionando reglas muy rígidas que condicionen la conducta de quienes deban cumplir a rajatablas con el plan del déficit cero. Porque cuando uno no tiene fuerzas o acaba de ser duramente golpeado por la realidad, la única defensa que le queda consiste en aferrarse a superiores normas de conducta, respetarlas y hacerlas respetar.
Para el sector público, el ajuste será muy duro porque está acostumbrado a trabajar poco, tener una estabilidad que nadie detenta, ganar un sueldo por encima del que obtendrían en la vida privada, gozar de increíbles beneficios y ascender en la escala jerárquica sin otro mérito que la antigüedad establecida por escalafón.
También será muy duro para los políticos y sus acólitos porque ellos esperan solucionar sus problemas económicos particulares a costa de la política. Es decir que, a partir de hoy, tanto Cavallo como De la Rúa deberán impulsar una acción enfrentando a centenares de miles de personas que opondrán tenaz resistencia al cambio.
Ello es natural porque la tradición de nuestro derecho administrativo consiste en preocuparse por esas nimiedades formales llamadas la "legalidad" del acto administrativo y no por la "eficiencia" del mismo, que significa la aptitud para alcanzar resultados satisfactorios.
Por lo tanto y para tener algunas posibilidades de éxito, inexorablemente Cavallo y De la Rúa necesitarán de esas férreas reglas para someterse ellos mismos y los funcionarios del Estado, sin excepciones.
En primer lugar, una "ley de bancarrotas del sector público", que permita desenchufar el Estado de la sociedad civil, de manera que los zafarranchos ocasionados por los políticos no arrastren al sector privado ajeno a sus maniobras. Para eso pueden aprovechar los criterios jurídicos expresados por el director ejecutivo del FMI, Horst Köhler, quien dijo el 11 de junio pasado que: "el principio básico de la economía de mercado es que los deudores y acreedores privados deban sufrir las consecuencias de sus decisiones financieras.
Esto significa que no puedan esperar que los pueblos y los organismos internacionales de crédito los "rescaten" de los riesgos de cobrabilidad cuando prestan a gobiernos insolventes, porque es un "fraude moral" cobrar una sobretasa y tener garantizada la recuperación del crédito mediante "blindajes financieros".
Esa misma ley de bancarrotas del sector público debería establecer que a partir de su sanción, queda prohibido a cualquier funcionario público endeudar a su gobierno y ofrecer avales en nombre del Estado.
En segundo lugar, Cavallo y De la Rúa deberán aprovechar los superpoderes que todavía poseen, sancionando otra "Ley sobre el fraude social" que se aplique de manera efectiva a todos los funcionarios, incluyendo legisladores y jueces.
Esa ley debería establecer que la aprobación de un déficit de presupuesto o la generación del mismo, ya sea por exceso de gastos o porque los gastos no se reducen inmediatamente después de producida una caída de ingresos, serían asimiladas a la falsificación de dinero, porque implican crear falsos derechos de crédito a costa de la sociedad. En tal caso, los senadores, diputados o concejales que aprueben presupuestos con déficit y los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos por encima de los recursos líquidos disponibles, deberían ser responsables solidaria y personalmente de su reintegro con sus bienes particulares y los de sus familiares o prestanombres y culpables del delito de fraude social con caudales públicos.
Cualquier ciudadano que vea afectado sus derechos por violación de ambas leyes, podrá reclamar un juicio expeditivo y ejecutivo ante los tribunales ordinarios que se determinen, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiese ocasionado el déficit y que se extenderá a la obligación de restituir el monto involucrado.
Si Cavallo y De la Rúa no consiguen estructurar este duro e imprescindible marco jurídico, entonces debemos encomendarnos a Dios para que nos libre del inminente colapso social.
La Ciudad
