Dos hombres fueron procesados por haber cometido ataques sexuales contra las hijas de sus concubinas. En los dos casos los imputados amenazaron a las chicas para silenciarlas. Ahora ambos fueron procesados por un juez que les ratificó la prisión preventiva.
El juez penal de instrucción de San Lorenzo, Eduardo Filocco, dictó el procesamiento de José Vega por agredir a la hija de su mujer, una pequeña de 12 años, en la vivienda familiar de Fray Luis Beltrán. Lo mismo resolvió contra Juan Espinoza por vejaciones reiteradas a su hijastra, de 12, quien cuando se atrevió a denunciar lo que pasaba contó que venía padeciendo esos ataques desde tres años antes. El escenario de este drama fue una casa de un barrio de San Lorenzo.
La figura penal utilizada por Filocco es la de abuso deshonesto agravado por el vínculo familiar, lo que supone, en caso de que haya condena, una pena de entre cuatro y diez años de prisión.
La repetición
José Vega, un jornalero de 56 años había sido procesado en 1999 por abuso deshonesto contra la hija de su mujer y estuvo preso por ello. A fines de mayo volvió esposado a un calabozo de la Jefatura de San Lorenzo por el mismo motivo. La agredida, que ahora tiene 12 años, comenzó a soportar los ataques a los 10. Ahora, por orden judicial, está bajo guarda de su hermano.
El hombre tuvo oportunidad de reincidir porque había sido procesado por abuso deshonesto simple, que tiene una pena menor a tres años y es por ello excarcelable.
Gritos del silencio
Durante tres años, la chica de 12 años soportó en silencio las vejaciones rutinarias a las que la sometía la pareja de su madre en su casa del barrio Santa felisa, de San Lorenzo. Hasta que la chica le pudo contar a su tía lo que pasaba. Dijo que el hombre la amenazaba de muerte desde los 9 años para que no advirtiera a nadie la situación que padecía La mujer le contó a su hermana, la madre de la nena y ambas hicieron la denuncia que derivó en la detención de Espinoza, un jornalero de 30 años.
El abogado de Espinoza apeló la resolución del magistrado y ahora la Cámara de Apelaciones de Rosario debe resolver si el procesamiento queda firme. Mientras tanto el acusado permanecerá detenido.