Ariel Etcheverry
Tres hombres brutalmente asesinados, un solo imputado y muchas dudas sobre los primeros pasos en la investigación. Esos son los tres factores que a más de siete meses sobrevuelan el crimen de tres pescadores en la zona isleña de Reconquista, un episodio sin antecedentes en esa ciudad del norte santafesino. La confirmación del procesamiento de Carlos Javier Cano como único autor material del triple homicidio no alcanzó para despejar la sensación que se respira en la cabecera del departamento General Obligado de que el caso dejará a varias personas impunes y una gran incógnita sin resolver: ¿por qué tres hombres que disfrutaban de una salida de pesca fueron masacrados prácticamente sin posibilidad de defenderse y ninguna de sus pertenencias, salvo un reloj, robadas?
El defensor de Cano, Ricardo Degumois, apuesta todas sus fichas a que las las dudas sean develadas en un juicio oral y público como medio para dejar al descubierto lo que entiende fueron fallas, errores o directamente maniobras por parte de los investigadores para plantar pruebas en contra de su cliente. El patrocinante de las familias de las víctimas, Gabriel Hernández, también presentó un extenso recurso de nulidad sobre todo lo actuado hasta el momento, al entender que no se tuvieron en cuenta a ocho personas, entre los cuales había un policía, que fueron vistos abordo de una embarcación el día y en la zona donde ocurrió el triple homicidio.
La masacre del Biguazal, como se conoce el caso, fue descubierta el 3 de enero a media mañana por dos pescadores de la zona. Los cuerpos de Francisco Meza (59), su hijo Rafael (29) y de Matías Bustamente (18) se encontraban tirados en medio de la ranchada que habían armado para pasar unos días de pesca a orillas del río Correntoso. Al lugar sólo se accede tras pocos minutos de navegación desde el puerto de Reconquista. La escena del crimen se completaba con una carpa, una mesita de camping, una banqueta tirada por el piso, un par de riles que quedaron en el agua y un sol de noche colgado de un árbol que permanecía encendido cuando a las 9.40 llegó Prefectura.
Las pericias revelaron que los tres hombres fueron asesinados casi en forma simultánea. Meza padre habría estado sentado en una banqueta cuando fue atacado presumiblemente desde atrás y recibió un golpe con un hacha o machete en la cabeza mientras masticaba algo de comida. A Rafael le pegaron un balazo (sería de calibre 38 ó 9 milímetros) que le ingresó por el cuello le salió por la espalda. También tenía una herida cortante en el torso. Y a Matías le volaron la cabeza de una perdigonada disparada a menos de un metro de distancia. Además el joven sufrió una herida de bala que le atravesó la pierna derecha y golpes y cortes en el abdomen.
La primera fuerza de seguridad que se hizo cargo de las actuaciones fue Prefectura Naval, porque el episodio ocurrió en zona isleña, y poco después se incorporó la policía provincial. El único elemento secuestrado por los investigadores en el lugar fue una vaina servida de cartucho calibre 16 encontrada por un efectivo de Prefectura a unos 15 metros de la ranchada durante una inspección ocular.
El abogado Degumois cuestionó desde el principio la inspección que realizó Prefectura la mañana del 3 de enero. Sucede que el acta de ese procedimiento da cuenta en su encabezamiento de que todo se realizó con la presencia de los testigos Horacio Alvarez y Mario Victoriano Quiroz, quienes encontraron los cuerpos sin vida y dieron aviso a las autoridades.
El defensor de Cano sostuvo que esas personas nunca regresaron al Biguazal con Prefectura, se quedaron en la sede de Prefectura y no participaron en la inspección del lugar del hecho. "Esa es la primera irregularidad: se hacen figurar a testigos que no participaron de un paso importante como es la inspección ocular del lugar del hecho. Esto es una evidente falsedad ideológica de instrumento público, por eso pedimos su nulidad", apuntó el profesional.
El cuestionamiento no parece menor, ya que el cartucho calibre 16 encontrado en el lugar del crimen, y que no figura mencionado entre los objetos hallados en el sitio, fue peritado en Santa Fe y se constituyó en un elemento clave para imputarle a Cano su participación en el hecho. La policía incautó poco después una escopeta que estuvo en poder de Cano el día del hecho y el informe balístico determinó que la vaina en cuestión había sido disparada por el arma del hombre, que es cazador.
"Lo más preocupante es que el prefecto Libio Funari, máxima autoridad en ese momento en la escena del crimen, deliberadamente le ordenó a un subalterno que no mencione el hallazgo del cartucho en el acta de inspección. Esto es una contradicción que trae más oscuridad sobre la vaina que supuestamente correspondería a la escopeta que había utilizado mi cliente", destacó Degumois. "No tenemos certeza acerca de que la munición realmente fue encontrada y en tal caso, de que la que efectivamente se halló corresponda a la peritada en Santa Fe", agregó.
También puso en tela de juicio el reconocimiento de un reloj pulsera de Rafael Meza que apareció en poder de Cano. El abogado adujo que existen versiones contrapuestas y puso en duda de que el aparato que pertenecía a la víctima sea el que tenía el imputado al ser detenido. "Todos estos puntos oscuros se pueden aclarar en un debate oral y público. Mi cliente es inocente porque no estuvo en el lugar del crimen y porque nunca pudo hacer semejante desastre", afirmó el letrado.
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La Ciudad
