Editorial

Criminales y justicia global

La entrega Slobodan Milosevic al Tribunal Penal Internacional de La Haya que investiga los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia inaugura un camino distinto en las relaciones internacionales, sobre todo en lo que respecta al juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Si bien el Tribunal sólo podrá inmiscuirse en la barbarie perpetrada en la reciente guerra de los balcanes, no ha pasado desapercibido para nadie el antecedente de que un país extienda sus potestades judiciales a un tribunal internacional para que uno de sus ciudadanos y ex jefe de Estado sea sometido a la Justicia.
A lo largo de la trágica historia del siglo XX sólo se han integrado tribunales para entender en casos puntuales. Hoy, respecto a las atrocidades de los balcanes o Ruanda y mucho antes sobre los crímenes del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. En esa ocasión los países aliados llevaron al banquillo de los acusados a decenas de jerarcas en el ya famoso juicio de Nuremberg.
Pero por ahora, la integración de una Corte Penal Internacional para crear un tribunal permanente que se ocupe de este tipo de delitos tiene la oposición de los Estados Unidos, pero el aval de muchas naciones que ya adelantaron su aceptación al proyecto. En un mundo donde la economía es cada vez más interdependiente y las fronteras entre los Estados tienden a ser más virtuales que reales ¿por qué sería descabellado que, por ejemplo, Augusto Pinochet pueda ser denunciado ante la Justicia global y juzgado fuera de Chile? ¿Qué impediría que los militares argentinos amnistiados dentro de las fronteras del país puedan ser condenados en el exterior? El sentido de Justicia se haría internacional y lejos de los vaivenes políticos de cada país, que debido a cuestiones de índole domésticas no pueden, a veces, ser más firmes a la hora de sancionar los delitos aberrantes contra la humanidad.
En verdad, desde hace algunos años rige muchas veces de hecho la sanción internacional en la aldea global a este tipo de crímenes. La actitud perseverante de algunos jueces europeos, por ejemplo, ha puesto en aprietos a muchos ex dictadores latinoamericanos y los ha arrinconado entre rejas en sus propios países. Si salen al exterior serían inmediatamente detenidos. El caso del argentino Alfredo Astiz -arrestado recientemente por un pedido de extradición de la Justicia italiana- es uno de los más resonantes. El ex marino fue condenado a prisión perpetua en Francia por los asesinatos de dos religiosas de ese país.
Esta situación podría ser perfectamente reglamentada si prospera la formación de la Corte Penal Internacional. También sería una advertencia para quienes intenten seguir los pasos de Pinochet o Milosevic: el mundo globalizado no tolerará más crímenes y sus autores serán perseguidos donde se encuentren o intenten protegerse.