Año CXXXIV
 Nº 49.171
Rosario,
domingo  08 de
julio de 2001
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Milosevic: una deportación hija del chantaje
El ilegal procedimiento usado para llevar al ex dictador a La Haya no le hace bien al derecho internacional

Patricio Pron

Aunque el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic compareció finalmente esta semana ante el Tribunal Penal Internacional para los crímenes de la Antigua Yugoslavia (TPI), tras ser extraditado de manera intempestiva el pasado 28 de junio, la comunidad internacional tiene muy poco de qué felicitarse.
Lejos de ser ejemplo de que, en palabras del alto representante para la política exterior de la UE Javier Solana, "tarde o temprano los partidarios de la guerra acaban ante los jueces", la extradición de Milosevic estuvo preñada de irregularidades, marcada desde un principio por el estigma de ser el fruto de un chantaje y destinada indefectiblemente a provocar la inquietud política en Serbia. Aunque el TPI funciona desde 1993, la presencia de Milosevic en su cárcel de La Haya -que ya alberga a 38 detenidos, entre ellos personalidades tan ilustres como Biljana Plavsic, ex presidenta serbobosnia- ratifica la convicción de que comienza una nueva etapa en materia de derecho internacional, pese incluso a su malogrado comienzo.
Si Milosevic fue enviado a La Haya, fue debido a la decisión del presidente serbio Zoran Djindjic, quien se salteó a Kostunica y decidió no aguardar una decisión del Tribunal Constitucional de Yugoslavia acerca de la constitucionalidad de un decreto que allanaba la extradición, aprobado por el Ejecutivo federal -o sea, Kostunica- apenas cinco días antes.
Ante los hechos consumados, el Partido Democrático de Serbia del presidente Kostunica abandonó la populosa coalición gobernante -integrada por más de dieciocho plataformas- provocando una profunda crisis política que, junto con la dimisión del primer ministro yugoslavo Zoran Zizic y de cinco miembros del gabinete, encuentra al bando del presidente debilitado frente al ala pragmática de Djindjic.
Este último goza de las simpatías occidentales pese a haberse saltado el procedimiento legal en nombre del ahogo financiero que padece Serbia. Djindjic entregó a Milosevic presionado por la UE y los Estados Unidos, que pusieron como condición a su ayuda económica para la reconstrucción la comparencia del ex presidente en La Haya. En Belgrado la impresión resultante de estas irregularidades es que Milosevic fue "secuestrado" por las potencias extranjeras con la anuencia de las autoridades yugoslavas, que cedieron al chantaje de los vencedores.
Más allá de las responsabilidades propias de la clase política serbia, la principal causante de ese escepticismo es la propia comunidad internacional, que desperdició la oportunidad de abordar a través de la extradición de Milosevic la cuestión de la responsabilidad del pueblo serbio, y convirtió la Justicia en un asunto turbio en el que se impusieron los más poderosos. Han reclamado al ex presidente bajo el cargo de crímenes de guerra contra la mayoría albanesa en Kosovo para, ya detenido, extender dichos cargos a las campañas de Bosnia y Croacia, provocando la indignación de los sectores serbios más nacionalistas. El método no difiere demasiado de los de las épocas negras en que Milosevic era el hombre fuerte en Belgrado.
Pero ahora está en La Haya, y tras él esperan su turno veinticinco criminales de guerra, entre ellos los aún no apresados presidente de Serbia, Milan Milutinovic, y los serbobosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic, considerados por el TPI de La Haya como los principales responsables de las atrocidades de la guerra de Bosnia-Herzegovina (1992-95), en la que murieron más de doscientos cincuenta mil personas.
El inicio de una nueva etapa en la colaboración judicial internacional -que eventualmente puede provocar cambios en la situación de los ex militares argentinos que participaron de la represión en la última dictadura- son una buena noticia, pero la forma en que esta etapa ha tenido inicio, y la escasa limpieza de procedimiento, hacen dudar de la eficacia moralizadora del método. Es probable que este sea el comienzo de una era brillante marcada por la globalización de la Justicia y la persecución de los crímenes contra la humanidad en todo el mundo, pero su comienzo ha sido sin embargo opaco.



Milosevic y la fiscal del TPI, Carla del Ponte.
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