La Justicia de San Nicolás condenó ayer a un empresario y dos inspectores municipales, dos de ellos con prisión efectiva, y absolvió a otros tres imputados por la muerte de Cristian Quiroz, el niño de 5 años que el 19 de marzo del 98 cayó a un pozo y tras 33 horas de intentos infructuosos por rescatarlo, murió asfixiado.
El juez de Transición, Edgar Rodríguez, resolvió en el fallo de primera instancia condenar por el delito de homicidio culposo al ingeniero Miguel Angel Pampalone, representante técnico de la empresa Topsa -encargada de buscar napas subterráneas-, a dos años y diez meses; al inspector municipal Juan José Gómez, a dos años y ocho meses -ambos con prisión efectiva-, y al también inspector de Claudio Fabián Actis, a dos años de prisión condicional.
Los otros tres imputados, el por entonces secretario de Obras Públicas de la municipalidad de San Nicolás, Oscar Garetto; el subsecretario del área, Horacio Clérici, y el titular de la firma que realizó el pozo, Jorge Vecchi, fueron absueltos.
Ante la apelación de los condenados, el fallo del juez Rodríguez ahora deberá ser revisado por la Cámara de San Nicolás para ser confirmado o modificado.
El abogado de la familia Quiroz, Axel Cartey, se mostró conforme con el fallo del magistrado y con la prisión efectiva de dos de los condenados por homicidio culposo, un delito excarcelable que el Código Penal castiga con prisión de entre seis meses y tres años.
Sendero no señalizado
"El juez tomó en cuenta la trágica muerte de Cristian y consideró como agravantes que el pozo en el que cayó se encontraba en un sendero peatonal, no estaba señalizado y que la empresa Topsa no lo tapó para evitar los costos", dijo Cartey.
El letrado aseguró que por ello el juez no otorgó ni a Pampalone, el empresario responsable de Topsa, ni a Gómez, el inspector de la municipalidad encargado de revisar esa obra, el beneficio de la prisión en suspenso.
Cartey esperaba las absoluciones de Garetto y Clérici, ex secretario y subsecretario de Obras Públicas del municipio, ya que, según comentó, "hubo una discrepancia con la fiscalía, porque sólo fueron acusados por homicidio culposo y no por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, como pretendíamos".
Respecto al empresario Vecchi, el abogado explicó que "su absolución estuvo bien argumentaba, ya que a pesar de que no existía un contrato entre las firmas, el juez consideró que la empresa Vecchi sólo era la encargada de las perforaciones y que la responsabilidad de tapar los pozos era de Topsa".
En un primer momento la causa, a cargo del juez criminal y correccional de San Nicolás, Héctor Lescano, fue caratulada como homicidio culposo, pero tras las investigaciones de la etapa de instrucción, el magistrado resolvió en junio de 1998 cambiar la calificación a homicidio simple con dolo eventual por las irregularidades detectadas.
El dolo eventual se da cuando uno conoce el peligro de su accionar y sin embargo actúa con indiferencia por el resultado. En este caso, el pozo no se tapó y estaba ubicado en una zona transitada. Algún día iba a producirse este accidente", explicó el abogado.
Lescano ordenó la detención de los seis procesados que se dieron a la fuga mientras sus abogados pidieron un habeas corpus y apelaron ante la Cámara de San Nicolás. Ese tribunal dio marcha atrás con el anterior pronunciamiento judicial y recaratuló la causa como homicidio culposo.
La Ciudad
