Editorial

Repentina austeridad

La decisión sorprendió por lo inesperada. Y aunque si se la analiza de manera liviana podría parecer merecedora de elogios, basta penetrar apenas un poco más allá de la superficie de las aguas para detectar ribetes que incitan, cuanto menos, a la duda. El Concejo rosarino convirtió anteayer en decreto un proyecto del edil Federico Steiger, de presente radical y pasado ucedeísta, por medio del cual se establece que la Municipalidad debe abstenerse de hacer publicidad oficial e institucional en todos los medios de comunicación dos meses antes de cualquier acto eleccionario que se realice a ese nivel jurisdiccional. Pero los fundamentos de la resolución permanecen, al menos parcialmente, en un territorio lindante con la sombra.
La idea que supuestamente subyace detrás del recorte es que de tal modo se garantizaría un mayor nivel de igualdad en la puja electoral. Sin embargo, no debería quedar en el olvido que, por disposición constitucional, todo gobierno se encuentra obligado a dar difusión pública de los actos que lleve a cabo durante su gestión. Conocerlos acabadamente y hasta en detalle constituye un inalienable derecho que le cabe a la ciudadanía, el cual podría verse afectado -aunque se asegure que no- a partir de la medida dispuesta.
Por otra parte, no parece este el recurso más atinado a fin de poner coto a los elevados gastos que han caracterizado a las campañas preelectorales en la Argentina y, por supuesto, también en Rosario. En el marco de la acuciante crisis que agobia al país, tales actitudes no deberían emanar de decretos que lindan peligrosamente con el poner coto a libertades esenciales, sino simplemente a partir del sentido común, la idoneidad y la honestidad de la dirigencia política.
En el texto del decreto se aclara que quedan al margen de la interdicción publicitaria "los edictos referidos a los actos referidos a los actos administrativos del municipio y toda información esencial e indispensable para el usuario". Ese punto resulta, en principio, tranquilizador, pero más tarde se aclara que "quedarán inequívocamente comprendidos los actos publicitarios que, entre otros, comuniquen el desarrollo de la estrategia oficial en materia de cualquier servicio público, con excepción de aquellos estrictamente informativos de necesaria difusión para la población". Si se lee con atención el párrafo entrecomillado precedente, se detectará que se está privando a la ciudadanía de datos cruciales, tanto para su más concreto bienestar como para efectuar una evaluación acerca de la gestión de sus gobernantes.
En síntesis, si lo que se pretende es dar una imagen de ejemplaridad, el autoritarismo que destila lo resuelto brinda, en contraposición, un preciso ejemplo de comportamiento antidemocrático. Y en realidad la mínima suma que podría ahorrarse tendrá, como contrapartida, la creación de una zona muy mal iluminada en torno del manejo de los asuntos públicos, es decir, de la utilización del dinero que -impuestos mediante- aportó la gente.
¿Qué resultará, entonces, lo más conveniente? Acaso, hacer economía en el lugar y de la manera que corresponde. ¿O será pedir mucho?