Justo al cumplirse un año de la denuncia del senador nacional justicialista Antonio Cafiero, en el sentido de que la reforma laboral se aprobó en la Cámara alta porque varios de sus colegas fueron sobornados, el juez federal Gabriel Cavallo consideró ayer que "es muy difícil que se pueda probar" el presunto caso de cohecho, aunque no dudó en señalar que, según los indicios reunidos en el sumario que él instruye, "el hecho existió".
"Es muy difícil investigar el cohecho porque el que recibe el dinero no habla", aseguró Cavallo, además de señalar que "las causas judiciales dependen de las pruebas".
En este sentido, el magistrado consideró que, por los indicios obtenidos en la pesquisa realizada en el marco de la causa, "el hecho existió", pero indicó que "faltan nombres y apellidos" y que ahora "hay que esperar la decisión de la Cámara Federal".
De todos modos admitió que no pudo establecer "si pagó el gobierno, el sector privado o cualquier otro organismo, o si cobró determinado senador y no otro".
Cavallo se refirió a la causa, al cumplirse un año de que el escándalo estalló y llenó de conmoción a la política argentina, ya que derivó nada menos que en las renuncias del vicepresidente Carlos Chacho Alvarez y de los entonces ministros de Trabajo, Alberto Flamarique; y de Justicia, Ricardo Gil Lavedra.
Ahora la causa judicial está en manos de la Sala I de la Cámara Federal que debe resolver la apelación que hicieron los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado a la falta de mérito dictada por el juez federal Carlos Liporaci.
Los senadores imputados de supuesto cohecho, entre otros, son Eduardo Bauzá, Ramón Ortega, Angel Pardo, José Genoud, Augusto Alasino, Emilio Cantarero, Ricardo Brando, Alberto Tell y José Meneghini. El tribunal, integrado por los camaristas Horacio Vigliani y Luisa Riva Aramayo, recibió las conclusiones de expertos sobre pericias realizadas en los asientos contables de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).
Las cuentas de ese organismo formaron parte de una de las hipótesis de los fiscales por el supuesto pago de una cifra millonaria a senadores para que, en abril de 2000, aprobaran las reformas a la ley laboral.
El juez hizo hincapié en que entre las dependencias oficiales con fondos reservados "la única oficina que no había sido auditada era de la Side" y destacó: "Es lo que hice yo las semanas anteriores con un contador de la Oficina Anticorrupción".
Cavallo destacó que, desde que asumió la instrucción del caso (en febrero último y tras la renuncia de Liporaci) "se concretaron medidas que antes no se hicieron", entre las que mencionó la investigación patrimonial de legisladores, el entrecruzamiento de llamadas telefónicas y la auditoría de organismos públicos.
Freiler y Delgado, con la adhesión del fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes, apelaron las falta de mérito (lo cual no significa el cierre de la causa, sino que es una decisión intermedia entre el sobreseimiento y el procesamiento) porque consideran que hay suficientes pruebas en contra de Alasino, Cantarero, Tell, Constanzo, Pardo, Branda y Meneghini.
El juez confió no haber recibido presiones durante trámite de esta causa, aunque lamentó no haber recibido aportes de supuestos arrepentidos.
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"Es muy difícil investigar el cohecho", dijo el juez. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
