Los argentinos estamos enfrascados en un debate que se parece mucho a la sutil discusión planteada sobre el sexo de los ángeles durante 1453 en Constantinopla, la refinada capital de Bizancio. Mientras, en la cancillería imperial, los ministros y dignatarios se dedicaban a estériles debates filosóficos, la ciudad fue invadida por las fuerzas turcas del sultán Mohamed, los jenízaros degollaron al emperador y su séquito, y saquearon la ciudad. En dos días el fastuoso imperio Bizantino dejó de existir y desde entonces hasta hoy Constantinopla se llama Istanbul.
La cuestión que hoy debatimos no es tan abstracta como la bizantina sino mucho más concreta, pero el peligro semejante: no es que desconocemos lo que hay que hacer, sino que lo sabemos desde hace mucho tiempo pero no actuamos.
El tema emergió en la última reunión de la Asociación de Bancos Argentinos. Por un lado, estaban los que piensan que el desánimo de los argentinos provoca la depresión económica, tal como lo expresa el ministro Cavallo quien cree a pies juntillas que la depresión económica es mera consecuencia de una depresión psicológica y que si él mismo, con energía e imaginación consiguiese ganar la voluntad de algunos sectores deliberadamente escogidos, podría insuflarles la suficiente dosis de confianza para que actúen como antenas repetidoras de optimismo y pondrían en marcha la actividad económica.
Por eso se esfuerza en devolver parte del impuestazo que el gobierno quitó a los contribuyentes en relación de dependencia. El ministro apuesta todo a que forzando el optimismo de la gente se producirá un incremento en los créditos hipotecarios y en las ventas en shopping y supermercados, lo cual le permitirá cobrar más impuestos y dejar intacto el monstruoso gasto público.
Pero en el otro extremo las cosas se ven de diferente manera y quienes no comparten la idea de que se trata de una depresión psicológica contaron con el formidable apoyo del número dos del FMI, el profesor Stanley Fischer, coautor con Dornbusch del famoso texto de macroeconomía.
Con conocimiento de la realidad mundial y un insobornable afecto por Argentina, demostrado cuando nos consiguió el mayor salvataje del mundo, el profesor Fischer dijo cosas muy serias para el gobierno: tiene que equilibrar las cuentas y para ello es más efectivo cortar gastos que aumentar impuestos. Luego afirmó que así podrá reducirse la prima de riesgo-país que paraliza las inversiones y genera un obsceno crecimiento de la deuda pública. De paso aconsejó al ministro Cavallo que deje tranquila a la gente para que pueda digerir los cambios, porque si las reglas se cambian todas las semanas el país termina desorganizándose.
Con toda sinceridad Stanley Fischer dijo que para volver al crecimiento económico Argentina tiene que recuperar el camino de las reformas estructurales.
Reforma política
Son muchas, profundas y audaces las reformas que hay que hacer para sacar al país adelante. Su descripción exhaustiva excede los límites de este comentario, pero intuitivamente todos los ciudadanos tenemos un diseño esfumado de cómo se puede cambiar esta situación insoportable. Esta misma semana hemos conocido el aumento de la desocupación, se terminará de desguazar la aerolínea argentina, ingresaremos en el cuarto año de depresión económica y el riesgo país pasa de los mil puntos. ¿Quién quiere seguir con esto?
Todos sabemos que hay que hacer cambios para que el costo de la política no sea tan elevado y los mejores puedan alcanzar cargos electivos. Esto se logra reduciendo el número de senadores y diputados y reemplazando los concejos deliberantes de todos los municipios por consejos asesores vecinales. También se alcanza derogando de un plumazo la ley de lemas, las listas sábanas y permitiendo que ciudadanos con más del tres por ciento del padrón electoral puedan organizar asociaciones cívicas transitorias para postular candidatos independientes a cargos públicos electivos, disolviéndose después de cada elección. Cuando la clase política vea recortado el número de cargos electivos, no puedan utilizar las artimañas electorales y deban competir contra mejores candidatos propuestos desde afuera, entenderán que la asociación corporativa, implícitamente creada para defender sus intereses particulares, ha muerto.
Reforma laboral
Otro aspecto de importancia en este propósito de sacar el país adelante consiste en producir una profunda reforma en el mercado de trabajo, pero no para que los empresarios codiciosos tengan la oportunidad de explotar a sus operarios con sueldos miserables, ni tampoco para que los trabajadores soliviantados por dirigentes sindicales que viven opíparamente, se dediquen a reclamar derechos adquiridos sin ganas de trabajar honestamente. Es necesario que cada trabajador tenga en su poder su propio contrato de trabajo, resultante de la negociación que él mismo con todos sus compañeros ha entablado en el seno de cada empresa.
Pero la principal reforma laboral tiene que consistir en modificar la intervención del Estado para que se cumplan las condiciones mínimas y quienes trabajen sean considerado seres con dignidad humana, reservándose como mediador arbitral en caso de conflictos en el seno de cada empresa. El bien supremo que deben custodiar los funcionarios no es otro que el de la sobrevivencia de la empresa como unidad productivamente rentable y generadora de satisfacciones humanas. Las leyes laborales, las instituciones gubernamentales y la actitud de los funcionarios deben estar unificadas por la idea dominante de que la empresa es un lugar de colaboración y no de confrontación, que ella no surge de un frío estudio de factibilidad financiera sino que es el resultado de una cooperación espontánea entre seres humanos que se juntan en el gozo de participar en un proyecto creativo. Para que la empresa sea el hogar de todos hay que reconocer que sin utilidades se convierte en una ilusión frustrada y tener clara conciencia de que tanto trabajadores como empresarios deben crear valores, reconocidos por los clientes, porque si así no ocurre no sobreviven. Este debiera ser el enfoque de las leyes del trabajo, de los organismos gubernamentales, de la acción de abogados laborales y de las sentencias referidas al trabajo.
Reforma administrativa
Otro campo en el que existen coincidencias generalizadas es en la urgencia de encarar la reforma administrativa del Estado. Cada vez que vemos a un ministro, empeñado en erradicar la evasión impositiva y en sancionar decretos de emergencia, pensamos cuánto mejor serían las cosas si esa misma vehemencia se aplicara a erradicar el gasto público inútil e imponer reglas precisas para que los funcionarios públicos no despilfarren el dinero que todos aportamos. Pero como los ciudadanos honestos no salimos a cortar las rutas, no formamos piquetes y no bloqueamos las calles con cubiertas incendiadas, los gobernantes han creído que pueden seguir abusando de nuestra confianza. Por eso necesitamos que un ministro con buenas intenciones y apasionado como Domingo Cavallo, comprenda que estamos hartos de pagar impuestos y que no queremos que se sigan llevando nuestra plata para beneficiar una clase parasitaria y un Estado sobredimensionado que no cumple con sus funciones esenciales y se convierte en una valla insuperable para cualquier iniciativa que intentamos emprender.
Por eso también coincidimos con la necesidad imprescindible de una reforma administrativa del Estado, que empiece ahora mismo y no después de las elecciones de octubre. Todos los estudios serios indican que del presidente dependen 509 unidades administrativas, de las cuales sólo son necesarias 195. De los 292.857 empleados públicos nacionales, 94.851 no tienen funciones ni responsabilidades específicas. Con estas reformas podría obtenerse un ahorro anual de 3.100 millones sólo en ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, 6.500 en las provincias y 1.500 en las municipalidades. En total: 11.100 millones que permitirían dejar atrás el déficit y comenzar a cancelar la deuda pública.
Así como todos nos hemos resignado a reducir ingresos, los que trabajan en el sector público tendrían que hacer lo mismo, salvo que quieran correr el mismo riesgo de disolución lenta pero inexorable que sufre la aerolínea argentina. Por lo tanto y formando parte de la reforma administrativa del Estado, debiera aplicarse desde el próximo mes, un régimen de emergencia consistente en pagar todo exceso de sueldos y honorarios del sector público, por encima de 1.500 pesos de bolsillo, de la siguiente manera: 70 % en efectivo y 30 % mediante un bono a mejor fortuna al 3 % anual y rescatable proporcionalmente sólo cuando los presupuestos pertinentes tengan un superávit líquido y disponible.
La Ciudad
