El Correo Argentino está en la agenda de los temas pendientes del gobierno nacional y amenaza con convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el Ejecutivo. "Somos la próxima Aerolíneas", dicen los trabajadores, a modo de slogan, para graficar la crisis que atraviesa la compañía.
El Grupo Socma, el concesionario del correo postal de bandera, afronta una serie de conflictos, internos y externos. Los primeros, por demoras en el pago de salarios de sus empleados, y los otros, por las deudas que mantiene la empresa con el Estado y el Estado con la empresa.
Mientras tanto, se discute un marco legal para el negocio postal, pero la definición se posterga, caldeando el ánimo de los Macri (GrupoSocma) y de los propios empleados que esperan encontrar por este lado el camino hacia una solución de las dificultades.
Desde las filas gremiales advierten que se avecina una profundización de la crisis si no se toman cartas en el asunto, mientras desde la órbita oficial mantienen un profundo silencio sobre la cuestión.
Un análisis de los últimos acontecimientos en torno del Correo permite advertir que la entidad que existe desde la Revolución de Mayo de 1810 está en una situación difícil.
A principios de junio, el concesionario descontó facturas a sus principales clientes en un banco para pagar los 11 millones de dólares de salarios de los 12.500 empleados que trabajan allí, y cuyos haberes tenían varios días de atraso.
La crisis de la compañía tiene múltiples causas. El grupo a cargo del management le reclama al Estado por una serie de "incumplimientos". La semana pasada, un fallo judicial obligó al Ejecutivo a pagar al Correo Argentino 44,8 millones de pesos en concepto de servicios impagos, dinero que sólo podrá ser destinado al pago de salarios y aportes previsionales o al pago de servicios esenciales para la explotación del servicio público que presta el Correo.
El Correo y el gobierno enfrentan una batalla de reclamos cruzados: el Ejecutivo le debe a la empresa y la empresa que controlan Franco Macri y el Banco de Galicia bajo el nombre de Sideco, acumula a su vez una deuda con el gobierno por falta de pago del canon correspondiente por la concesión. El monto no se puede cuantificar al día de hoy ya que la firma descuenta de ese pasivo las facturas que el Estado no le paga por servicios que solicita.
En rigor, Sideco debe las dos últimas cuotas del canon establecido en la licitación, una obligación que asciende a 103,2 millones de dólares anuales que deben pagarse en un 50% en marzo y el resto en septiembre de cada año.
Lo que aduce el grupo Socma para esquivar sus obligaciones es la ausencia de una marco regulatorio para la actividad postal -que confiaban tener resuelto apenas obtenida la concesión-. Entre los puntos principales a los que aspira el Correo se cuenta la intención de monopolizar el envío de la correspondencia de la distintas reparticiones del Estado, con el argumento de que se trata del "correo oficial".
Según datos del mercado, la entidad postal de bandera maneja el 30% del movimiento del sector en la Argentina, y el resto se reparte entre tres o cuatro grandes compañías y varios centenares de empresas pequeñas y medianas.
En esta pelea, gremios y empresa parecen transitar una misma vereda. La carencia de un marco regulatorio es lo que "atenta" contra el futuro de la compañía, según denuncian desde la Federación de Obreros y Empleados del Correo Oficial y Privado. El secretario general del gremio, Carlos Rossi, asegura que el principal problema que debe enfrentar el Correo es la "competencia desleal" que genera la existencia de unos "500 servicios postales clandestinos" que operan en el país y que trabajan con "empleados en negro y evadiendo toda obligación fiscal".
Rossi agrega que, "como si fuera poco", los 300 correos autorizados que prestan servicios en el territorio "consiguen la licencia con un capital de 5 mil pesos y no tienen las obligaciones que tenemos nosotros, como el pago de un canon de más de 100 millones anuales y la apertura de sucursales en lugares no rentables".
La situación de los empleados tiene su particularidad porque además de ser trabajadores en relación de dependencia son socios del grupo Socma ya que poseen el 14% de las acciones por el programa de propiedad participada.
Los trabajadores también entienden que la concesión del Correo fue "de las peores" que se hicieron en este país. Rossi recuerda que la Federación de la cual es secretario general se opuso a la tercerización: "En ese momento hubo quienes se animaron a decir que era bárbaro porque nos daban un 14% de acciones calificadas, y nosotros considerábamos que era mejor el 1% de un correo funcionando y no un 14% de uno que no va a existir", enfatizó.
Por eso "queremos alertar al gobierno, porque vamos a ser la próxima Aerolíneas", agregó.
La causa de origen de la "mala" concesión, según la Federación, es que la del Correo fue la "única que no tuvo ni subsidio ni monopolio. Todas las demás privatizaciones contaron, al menos por un período de tiempo, como en el caso de las telefónicas, con ese beneficio".
Los trabajadores no tienen intención de cuestionar a la empresa concesionaria ya que aseguran que en este caso "no es el Grupo Macri el responsable de los problemas" y agregan: "El Estado no nos va a poder decir que la culpa es de los empresarios o del gobierno español", dice Rossi, comparando una vez más la crisis del Correo con la de Aerolíneas Argentinas que después de varios meses de sobrellevar un profundo conflicto entró en convocatoria de acreedores.
La otra pelea
El mercado postal de la Argentina merece un capítulo aparte. Su controvertida historia, sobre todo la de la última década, impulsó el desarrollo de investigaciones judiciales, publicaciones periodísticas especiales, libros, informes de todo tipo, y hasta el dictámen de la Comisión Especial de Investigación de Hechos Ilícitos o Prácticas de Corrupción, más conocida como "comisión antimafia", de la Cámara de Diputados de la Nación, que investigó el tema en profundidad.
Numerosas denuncias en torno al funcionamiento del mercado postal en Argentina, entre ellas las enarboladas por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, impusieron el tema en los medios de comunicación, y en boca de todos los argentinos durante años. Los dardos apuntaron hacia una red de negocios "armada" por el empresario Alfredo Yabrán, quien desde finales de la década del 70 forjó un importante imperio económico, básicamente generado alrededor de sus comercios en el sector postal.
Incluso, en la actualidad, los trabajadores del Correo Argentino siguen señalando como uno de los responsables del desgaste que sufrió la entidad antes de su concesión al grupo dominado por Yabrán.
El sector creció en los últimos años de la mano de la apertura económica y se estima que en la actualidad cohexisten en el país varios centenares de empresas. Esas empresas dan, a su vez, su propia pelea, ya que consideran que la elaboración de un marco regulatorio favorable al Correo Argentino atentaría contra la continuidad de numerosos empresas pequeñas y medianas, grandes dadoras de mano de obra.
A la luz de las novedades no es aventurado pensar que al gobierno le espera enfrentar un escenario bastante complejo en la arena del mercado postal.
La Ciudad
