El Pami profundiza por estas horas una crisis que deja abierto un final incierto. Al peligro de que los 120 mil beneficiarios de Rosario puedan sufrir cortes en la atención cuando no haya más insumos ni dinero para pagarlos, la incertidumbre crece a nivel nacional: no sólo el designado interventor, Raúl Pistorio, admitió ayer que no puede anticipar cómo se encararán las fuertes deudas con los prestadores; también comenzó a tomar fuerza la versión de un plan pergeñado desde Economía para incorporar al Pami en las desregulación del sistema de salud.
La sede de la Uppri (unidad que administra a los policlínicos de Rosario) sigue tomada en Sarmiento al 400. Y aunque desde los gremios UTI, UPCN y ATE afirman que "en lo inmediato" no corren riesgo los servicios, otra sería la situación a partir de pasado mañana, cuando comiencen a escasear los insumos. En medio de esta crisis, siguen las acusaciones cruzadas entre los principales referentes gremiales y el interventor de los policlínicos, Luis Fernández Risso, a quien desde hace tres días no le permiten ingresar a su despacho.
"Lo mejor que puede hacer Fernández Risso es renunciar, por todo el daño que le hizo a los policlínicos", enfatizó ayer la delegada de ATE-Pami, Claudia Indiviglia. "La anterior administración dejó 4 millones de superávit y esta gestión lleva 8 millones en rojo", alertó.
Los gremios y las organizaciones de jubilados que tomaron la Uppri conforman el Comité de Evaluación Institucional, que no quiere a Fernández Risso. Ellos sostienen que el caos en el que está sumergido el Pami se desata por una deuda "cada vez peor", conformada por gastos de ambulancias, consultores de salud y medicamentos, hasta servicios de remises, impuestos y alquileres vencidos.
En este marco, ayer se reunió una asamblea en la delegación IX en la que se decidió contrarrestar "el proyecto de desguace e intervención del Pami central". Como modalidad de lucha, desde este lunes se cortará el tránsito de 11 a 12 en los dos policlínicos, en la Uppri y en la delegación de San Lorenzo y Maipú.
Fernández Risso no se va
Mientras tanto, Fernández Risso negó ayer a La Capital que tenga intenciones de dejar su puesto. "El clima de hostilidad lo tuve siempre", afirmó, aunque admitió que le dolió verse en afiches con las frases "maldita intervención", y otros más graves aludiendo irónicamente a su persona.
El funcionario destacó -al igual que los gremios- que en lo inmediato no habría problemas de falta de insumos, pero dijo que todo podría complicarse "en tres o cuatro días. Si no me dejan entrar a mi oficina no voy a poder emitir cheques a los proveedores y podemos tener problemas en el abastecimiento", alertó.
Ayer circuló la información de que el servicio que corría más riesgos era el de hemodiálisis. Y pese a que se notificó a la Dirección del Pami que peligraba la atención para los que necesiten transfusiones y requieran diagnósticos y medicamentos, Fernández Risso intentó llevar tranquilidad a los jubilados. "Los proveedores me garantizaron el mantenimiento de los insumos hasta que se solucione el conflicto", aclaró. Lo que no está claro es cuándo se solucionará.
Las deudas nacionales
En tanto, el designado interventor nacional, Raúl Pistorio, admitió ayer que todavía no puede anticipar la forma en que se encararán las fuertes deudas que se mantiene con los prestadores, y señaló que sólo habló con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, de ideas "muy macro" sobre el futuro del organismo.
El funcionario habló, sí, de una "descentralización" del Pami, y negó que el término sea un eufemismo de "desguace".
Admitió haber "escuchado" las versiones acerca de un presunto plan de Economía de incorporar al Instituto en la desregulación del sistema de salud para competir con las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga.
Pero inmediatamente aseguró tener "observaciones" a la posibilidad de que ese supuesto plan incluya la eliminación de subsidios a los jubilados más pobres y todos los servicios sociales que presta el Pami que no tengan que ver con la salud.
De esta manera, el designado interventor admitió la existencia de un proyecto desregulador, que mereció en estos días el repudio de los sectores gremiales de la obra social ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
La Ciudad
