El ministro del Interior, Ramón Mestre, les propuso a los gobernadores la implementación de la unicameralidad de las Legislaturas provinciales, estableciendo un tope del 1,6 por ciento del presupuesto total de cada distrito para ese gasto.
La iniciativa de Mestre, enviada en los últimos días a todos los mandatarios provinciales del país, también incluye una mayor autonomía municipal y una limitación del 2,2 por ciento del gasto comunal para los costos de funcionamiento de los concejos deliberantes.
También sugiere que el sistema de elección de los legisladores sea mixto, proporcional al caudal de votos y geográficamente por circunscripción; que las elecciones deben hacerse cada cuatro años y que debe renovarse la totalidad del cuerpo.
Además, propone que se ponga en práctica un mecanismo para evaluar en forma periódica el desempeño de los jueces y fiscales, respetando la independencia del Poder Judicial.
Como una manera de avanzar en la proyectada reforma política, el ministro del Interior quiere que los gobernadores firmen un acuerdo programático de transparencia institucional mediante la modificación de las constituciones provinciales.
A través del consenso
Mestre pretende que esta iniciativa sea consensuada a través de una declaración en el Congreso nacional y en cada una de las Legislaturas provinciales, según informaron oficialmente sus voceros.
"Las instituciones del gobierno nacional, provincial y municipal deben encarar una reforma profunda que reencuentre las variables internas, de representación política y sustentabilidad económico-financiera, y externas, de legitimidad y productividad", argumentó Mestre.
La iniciativa se resume en los siguientes puntos: \-Unicameralidad de las Legislaturas: No sólo significará una racionalidad del gasto, también servirá para agilizar el proceso legislativo y mejorar la legitimidad. El gasto no debe superar el 1,6 por ciento del presupuesto provincial.
-Refundación del gobierno local: consagración de la autonomía sobre la base de viabilidad económica del gobierno municipal. El costo de funcionamiento de los concejos deliberantes no debe superar el 2,2 por ciento del presupuesto municipal.
-Modificación de los sistemas electorales: el procedimiento electoral debería ayudar a fortalecer a los partidos, reduciendo la fragmentación, y fomentar la formación de coaliciones para despolarizar esta práctica. La elección de los legisladores debe ser mixta para que los partidos sean representados en proporción al caudal electoral, como geográficamente por circunscripción. Los comicios deben realizarse cada 4 años, renovando la totalidad de los miembros de la Legislatura. Debería haber una sola reelección.
-Financiación y funcionamiento de los partidos: la falta de transparencia y responsabilidad en el financiamiento y la ausencia de democracia interna en las fuerzas políticas acentúa prácticas no sustentables.
-Modernización judicial: sin afectar la independencia judicial, es necesario un mecanismo que permita una revisión de habilidad periódica de los magistrados y fiscales sobre su desempeño.