Cuestionan a la Justicia en un informe sobre violencia policial

El Cels presentó una reseña sobre violaciones a los derechos humanos en Santa Fe

Paola Irurtia

El incendio de la comisaría 25ª, donde fallecieron trece presos, y la muerte de dos adolescentes en un dudoso enfrentamiento fueron elegidos como casos testigo de episodios de irregularidades policiales y deficiencias graves en la actuación de la Justicia, en una reseña sobre violaciones a los derechos humanos en Santa Fe que el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó ayer en Rosario.
En la reseña, que integra el séptimo informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país, el Cels destacó el abandono de las políticas de reforma de la policía, impulsadas por el gobierno de Jorge Obeid, y la "condescendencia" de la Justicia como factores que inciden en la "violencia policial".
Según el Cels, en el primer semestre de 2000 trece personas fueron ejecutadas en Rosario por personal policial en el contexto de supuestas actividades de represión de delitos. Las víctimas eran menores de 22 años y estaban domiciliadas en barrios populares. En ninguno de los casos los policías que intervinieron en los "enfrentamientos" resultaron heridos y en 3 de los casos el personal policial se encontraba fuera de servicio.
El informe sobre Rosario fue elaborado por la sección Criminología del Centro de Investigaciones en DDHH de la Facultad de Derecho en torno a dos casos de violencia policial: las muertes bajo custodia -casos en los que las víctimas estaban detenidas y los familiares u otros detenidos denuncian que la muerte fue un homicidio doloso o sin intención- y las denominadas ejecuciones por uso o abuso de la fuerza.
En el primer caso tomó como unidad de análisis la muerte de 13 detenidos durante un incendio ocurrido en la comisaría 25ª, de Pueblo Nuevo, ocurrido en noviembre pasado. El otro corresponde a la investigación por la muerte de Jesús Gabriel Capitani (16) y Diego Callejas (17), durante un presunto enfrentamiento con policías.
El Cels señala que en todos los casos encontraron varios patrones que permiten el desarrollo de la violencia policial: la construcción de una versión falsa de los acontecimientos, el ocultamiento, destrucción o fabricación de pruebas para desvincular a los policías, amenazas y amedrentamiento a testigos o represalias sobre ellos o las víctimas o sus familiares. En cuanto a la ineficacia del control del Poder Judicial, puntualiza la falta de investigación de las evidencias contra los policías y de las irregularidades cometidas pos los agentes policiales para encubrir sus delitos o los de sus compañeros.
El trabajo remarca que en el 70 por ciento de los casos de violencia policial intervino personal del Comando Radioeléctrico. La cifra coincide con la del período 1996-1999, en el que murieron once personas en supuestos enfrentamientos. Entre esos casos, 3 personas recibieron un disparo en la nuca y 7 recibieron más de 5 disparos, la mayoría a quemarropa y por la espalda.
Otro indicador que revela el informe es que durante el año 2000 no se produjo ninguna muerte presentada como suicidio por ahorcamiento en Rosario. Relaciona este hecho con el procesamiento de los funcionario policiales a cargo de la custodia de Daniel Brenta. Los policías fueron procesados por homicidio culposo causado por la negligencia en el cumplimiento de sus deberes, dictado a fines de 1999.
"De existir una actitud del Poder Judicial menos condescendiente, sin duda podrían disminuirse la cantidad de hechos de violencia policial", concluye el informe.

Familiares de víctimas de la comisaría 25ª en un escrache.