Milán. - Un tribunal de apelaciones ordenó la reapertura de un proceso por cargos de corrupción contra un socio y aliado político del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, casi al mismo tiempo en que la policía allanaba las oficinas de su grupo de medios de comunicación Mediaset en busca de datos sobre maniobras de evasión fiscal. Por si todo esto fuera poco, un tribunal suizo abrió el camino para ampliar una investigación sobre los manejos financieros del magnate-gobernante (ver aparte).
Una corte de apelaciones de Milán sentenció absolviendo por prescripción de plazos a Berlusconi, pero ordenó enjuiciar a quien fue mano derecha del premier italiano en cuestiones empresarias, Cesare Previti, así como a un ex juez que el actual premier habría corrompido. Este ya había sido declarado inocente en primera instancia, ahora fue absuelto pero por prescripción de términos. El caso gira en torno a la compra del poderoso grupo editorial Mondadori y tiene como principal cargo la "compra" por parte de la empresa Fininvest de Berlusconi de un veredicto judicial. La sonada causa se arrastra desde 1991. Mediante un discutido laudo judicial, Berlusconi quedó en 1992 en poder de la Mondadori, y venció al otro competidor, el también empresario de medios Carlo De Benedetti.
La fiscalía había apelado el año pasado el dictamen del juez de un tribunal inferior, quien se rehusó a presentar cargos contra Berlusconi por soborno al juez del asunto Mondadori.
Ayer, la corte de apelaciones de Milán reabrió el caso, ordenando que el 4 de octubre comience el juicio de cuatro acusados, incluido Cesare Previti, socio y mano derecha de Berlusconi en sus empresas y que formó parte del gobierno anterior del primer ministro, en 1994.
Los otros acusados son Vittorio Metta, el juez supuestamente sobornado con 200.000 dólares; un abogado, Attilio Pacifico, y Giovani Acampora. Los fiscales sostienen que Previti, Pacifico y Acampora fueron mediadores entre Berlusconi y el juez corrupto.
El año pasado, el juez Rosario Lupo había dicho que no había evidencia de actos ilegales y no acusó a Berlusconi. La fiscalía de Milán apeló el fallo, con durísimos términos contra la resolución del magistrado.
Prescripción de plazos
En esta ocasión, el tribunal de apelaciones dictaminó que los cargos de corrupción contra Berlusconi, que datan de 1991, prescribieron tras siete años y medio. Sin embargo, el tribunal no informó si la misma limitación legal se aplica a los otros acusados. Los abogados defensores denunciaron de inmediato lo que calificaron como un contrasentido en la decisión.
El fiscal de Milán Pietro de Petris dijo que apelaría ante la corte de casación, instancia suprema de Italia. Los jueces de la corte de apelaciones, a diferencia del juez de primera instancia, han considerado que Berlusconi debía responder por "corrupción simple", pero a la vez, por el tiempo transcurrido (el caso se inició en 1991), que la prescripción lo beneficia.
Pero los otros cuatro imputados deberán presentarse el 4 de octubre ante la justicia penal de Milán. Cesare Previti (figura de primer orden en el mundo empresario italiano), Pacifico y Acampora, fueron considerados por los jueces como mediadores entre Berlusconi y el juez Vittorio Metta, y por eso los imputaron de "corrupción en actos judiciales", junto al ex magistrado.
Berlusconi y su grupo Fininvest, según los fiscales, habrían "comprado" en 1992 al juez Metta con 400 millones de liras (unos 200.000 dólares), provenientes de "fondos ocultos" en el exterior. A la Fininvest se le atribuye una red de decenas de empresas off shore, construida para eludir impuestos y manejar sumas en negro. Metta era entonces juez relator de la Corte de Apelaciones de Roma. Su dictamen fue decisivo para cerrar en favor de Fininvest y Berlusconi la puja por la Mondadori que mantenían con la empresa CIR, de Carlo de Benedetti. Metta había argüido que los 400 millones de liras, con los que había comprado una casa, eran una herencia recibida de un colega magistrado.
Allanamiento en Mediaset
A este dictamen, Berlusconi debió sumar ayer una noticia aún más impactante, aunque nada nueva en su experiencia como empresario. La policía financiera allanó las oficinas de su grupo de medios Mediaset, en el contexto de una investigación tributaria.
Fuentes judiciales dijeron que la policía tributaria examinó documentos en la sede en Milán de Mediaset como parte de una investigación de descuentos tributarios que la mayor empresa de medios de Italia recibió según una ley aprobada cuando Berlusconi fue primer ministro durante un breve período en 1994. La denominada "Ley Tremonti" fue creada por el ministro de Finanzas de Berlusconi en 1994, Giulio Tremonti, quien ahora detenta el cargo del poderoso ministro de Economía en el nuevo gabinete de Berlusconi. La ley, que otorgó descuentos tributarios en inversiones corporativas y que Tremonti ha prometido reintroducir, fue derogada cuando la centroizquierda llegó al poder en 1996. Esta formación política afirma que Mediaset recibió descuentos tributarios por 240.000 millones de liras (107 millones de dólares), como resultado de la ley. En otros términos, Berlusconi habría ordenado medidas de gobierno que lo beneficiaron patrimonialmente.
La Ciudad
