Cuando faltan apenas once años para que se complete un siglo del Grito de Alcorta, al volver la mirada hacia ese movimiento social resurgen los interrogantes en torno a la proyección de esa coyuntura. Resulta claro a los ojos contemporáneos que el modelo de desarrollo capitalista asentado en la pequeña o mediana propiedad, emergente de las políticas de colonización había quedado desplazado hacia la década del •90, ante la consolidación de un régimen dominado por la gran propiedad.
El proyecto sarmientino de transformar simultáneamente a esta sociedad en un mundo de pequeños o medianos propietarios que asumirían el desafío de la ciudadanía quedó trunco y la experiencia del Centenario no hacía otra cosa que recolocar en la escena pública la cuestión agraria complejizada.
Debatir los problemas agrarios después de 1912, era analizar una configuración social que ya no podía seguir siendo considerada fruto de la implantación de proyectos de ingeniería social impulsados desde arriba y desde afuera. Los propios actores consolidados en el área pampeana eran los que a partir de entonces iban a fijar la agenda a discutir.
La experiencia de lucha que conmovió al mundo rural pampeano, puso al descubierto las condiciones estructurales y coyunturales en que se desarrollaba la agricultura, uno de los puntales del modelo agroexportador. Entre ellos se destacaban el fuerte proceso de valorización de la tierra que condicionaba el acceso a la propiedad y la tendencia hacia una explotación de carácter extensivo.
Toda la organización se asentaba en el predominio del arrendamiento basado en elevados cánones de renta, la precariedad de los contratos, la dependencia de los propietarios para planificar o realizar la producción, el alto valor de los insumos y del costo de la fuerza de trabajo. No resultaban menos condicionantes la carencia de un crédito barato para iniciar y sostener el ciclo productivo, situación que empujaba hacia préstamos usurarios, alimentados por un circuito comercial cuyo primer eslabón era la casa de ramos generales y el último las grandes casas exportadoras extranjeras que monopolizaban el mercado.
Toda esta situación acrecentaba aún más la vulnerabilidad de una producción fuertemente dependiente de los procesos de acumulación y, por ende de demanda, de los países industrializados.
El negativo año agrícola 1910-11 con su secuela de fracasos de cosechas, incremento de los endeudamientos, descenso del precio del cereal, preparó el estallido. Desde principios del •12 aumentó la preocupación y la agitación se extendió de chacra en chacra hasta que la multitudinaria asamblea de Alcorta del 25 de junio decretó la huelga.
El movimiento se extendió rápidamente y en los dos meses siguientes se incorporaron prácticamente todos los arrendatarios del sur santafesino e importantes grupos de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Su proyección fue tal que hacia fines de agosto habían estructurado una organización gremial de defensa de sus intereses: la Federación Agraria Argentina.
Los pliegos de condiciones
Los pliegos de condiciones se multiplicaron mientras las voces demandantes se potenciaban. Hombres, mujeres y niños eran los protagonistas activos de las asambleas, de los meetings, acompañados por diferentes sectores de la sociedad, ya como adherentes(comerciantes de ramos generales, pequeños propietarios),ya como espectadores o testigos(obreros rurales, periodistas).
Los huelguistas percibieron, por otra parte, que los cambios que se estaban produciendo a nivel institucional con la sanción de la ley Sáenz Peña y su primera aplicación en el espacio provincial podían resultar favorables.
Pusieron indudablemente a prueba la capacidad de mediación de la primera administración radical santafesina, la cual si bien contribuyó a limitar el clima de coerción previo, también dejó sus marcas en el tratamiento de la cuestión agraria. Las condiciones pactadas por los productores con los propietarios transfirieron los costos a estos últimos, produciendo una reducción momentánea de la renta, pero dejaron incólumne las precarias bases de la agricultura cerealera.
No se garantizaron los derechos de los agricultores para desarrollar su producción y realizar libremente la venta de sus excedentes, no se afectó a las compañías exportadoras , no se modificaron los altos fletes ni las ineficiencias del sistema de transporte, no se crearon las condiciones de un sistema de crédito accesible y barato y tampoco se alteró la primitiva estructura de almacenamiento para conservar el valor de las cosechas.
Esto explica la recurrente tensión que atravesó desde entonces el mundo chacarero, marcado por la crisis del modelo en los treinta, por los cambios del modo de acumulación de los cuarenta, impactado por las propuestas del desarrollismo de los sesenta.
A casi cien años de Alcorta la compleja realidad agraria sigue siendo un desafío, la movilización gestada desde sus organizaciones de base una estrategia de lucha que si bien logró concretar ciertos objetivos, sin embargo, no alcanzó a viabilizar ni en la sociedad ni en el Estado un verdadero debate que colocara sobre otras bases el desarrollo agrario. Los proyectos hegemónicos en el marco de un capitalismo globalizado volvieron a obturar las propuestas alternativas.
(*) Historiadora. Investigadora del Conicet/UNR
La Ciudad
